La Justicia de Mar del Plata resolvió que los padres de los alumnos identificados como responsables de amenazas en escuelas deberán hacerse cargo de los costos de los operativos policiales y los daños ocasionados. La medida, impulsada por el fiscal general Fabián Fernández Garello, responde a una serie de amenazas de tiroteos que se han multiplicado en la última semana en distintos establecimientos educativos de la ciudad y la región.

Según informaron fuentes judiciales, la disposición se basa en el artículo 1754 del Código Civil, que establece la responsabilidad objetiva y solidaria de los padres por los daños provocados por sus hijos menores de edad. "Esto lo he dispuesto en función de la situación que se vive no solo en la ciudad sino también en la provincia y el país, con relación a supuestos actos de violencia a llevarse a cabo en establecimientos escolares", explicó Fernández Garello.

Hasta el momento, se han registrado al menos 10 episodios de amenazas en escuelas públicas y privadas, como el Instituto Fray Mamerto Esquiú, Colegio Nuestra Señora del Camino, EMES 206, Colegio Huailen, Instituto Educativo Punta Mogotes, Instituto Nueva Pompeya, Instituto Santa Cecilia y Primaria N°27 “Eduardo Peralta Ramos”. Un adolescente de 17 años fue imputado por intimidación pública y se investiga si existe relación con retos virales o fenómenos similares.

La preocupación por la seguidilla de amenazas llevó a la realización de reuniones entre autoridades judiciales, representantes de colegios municipales y el Obispado. Además, se reforzó la presencia policial en las inmediaciones de los establecimientos afectados y se instruyó a los fiscales a notificar a los padres de los alumnos involucrados.

El fiscal general remarcó que el objetivo de la medida es convocar a la sensibilidad de las familias y promover el diálogo en los hogares. "Queremos empezar el lunes de otra forma", señaló, instando a los padres a reflexionar y conversar con sus hijos para evitar que el ciclo escolar continúe afectado por estos episodios.

La ola de amenazas no es exclusiva de Mar del Plata. En provincias como Mendoza, Santa Fe, Córdoba y Tucumán también se han registrado casos similares, lo que ha obligado a las autoridades a activar protocolos de emergencia y suspender clases en algunos establecimientos. Las autoridades educativas y religiosas han pedido mayor control parental y supervisión de las redes sociales, mientras que la Justicia local no descarta nuevas imputaciones en las próximas horas.

El fenómeno, que se ha extendido a nivel nacional, pone en evidencia la necesidad de fortalecer el diálogo familiar y la prevención para evitar que la violencia escolar siga escalando. La aplicación de la responsabilidad civil a los padres busca ser un llamado de atención y una herramienta para frenar la problemática.