La tensión entre la Agremiación Médica Platense (AMP) y el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) alcanzó un nuevo pico tras la decisión de la AMP de suspender la atención a los afiliados de la principal obra social bonaerense. La medida, que comenzó a regir desde el 13 de diciembre, fue adoptada por la AMP en respuesta a la falta de pago de prestaciones correspondientes al mes de octubre y deudas pendientes de septiembre, especialmente las vinculadas a los denominados códigos 88, que incluyen prácticas médicas de alta complejidad.

Según la AMP, la decisión de interrumpir los servicios fue el último recurso tras múltiples gestiones y promesas incumplidas por parte de IOMA. "Los fondos reclamados en reiteradas oportunidades fueron transferidos luego de las 15.30 del viernes, hecho que hizo inviable la clasificación, administración y transferencia de los fondos a los médicos agremiados", explicó la entidad en un comunicado. La suspensión afecta a más de 5.000 médicos de la región, aunque se mantienen las guardias y la atención de urgencias para garantizar la cobertura de los casos críticos.

Por su parte, IOMA desmintió la existencia de deudas y aseguró haber transferido más de 4.000 millones de pesos a la AMP el 12 de diciembre, cumpliendo en tiempo y forma con los compromisos asumidos. "No resulta aceptable ni válido argumentar una supuesta ‘falta de capacidad de pago’ cuando los recursos ya se encuentran plenamente acreditados en la cuenta de la AMP", sostuvo la obra social, que además anunció el inicio de acciones legales y administrativas para investigar un posible manejo irregular de fondos por parte de la agremiación médica.

El conflicto, que afecta a unos 400.000 afiliados de IOMA en la región, se enmarca en una serie de retrasos recurrentes en los pagos a los profesionales de la salud, lo que ha generado un creciente malestar y complicaciones económicas para los médicos. Mientras la AMP mantiene el estado de "alerta gremial" y no descarta profundizar las medidas si la situación no se resuelve, IOMA considera la suspensión de servicios como "injustificada" y de "extrema gravedad institucional". El desenlace del conflicto sigue siendo incierto, con ambas partes firmes en sus posiciones y la atención médica ambulatoria suspendida hasta nuevo aviso.