El insólito pedido del joven acusado de matar de un cuchillazo a un vecino en Pocito
- Justicia de San Juan ratifica prisión preventiva para Samuel Aguirre, acusado de matar a su vecino en Pocito. - Pedido de prisión domiciliaria fue rechazado por riesgo de fuga y cercanía con la víctima. - Investigación sigue en curso. #SanJuan

La Justicia de San Juan ratificó la prisión preventiva para Samuel Aguirre, el joven de 19 años acusado de asesinar a su vecino José Mario Amaya en Pocito el pasado 9 de noviembre. La decisión fue tomada tras una audiencia de impugnación en la que la defensa de Aguirre, representada por la abogada Filomena Noriega, solicitó la libertad o, en su defecto, la prisión domiciliaria para el imputado.
El pedido de la defensa fue rechazado de plano por el juez de Impugnación Renato Roca, quien consideró determinante que la vivienda propuesta para la detención domiciliaria se encuentra justo frente a la casa de la víctima. El fiscal de Impugnación, Fabrizio Médici, también se opuso al beneficio solicitado, argumentando el riesgo de fuga y la posibilidad de que Aguirre influya sobre testigos, dado que ambos residían en el mismo barrio.
El hecho ocurrió en la madrugada del 9 de noviembre, cuando, según la investigación, una discusión entre los vecinos derivó en una agresión fatal. Testigos presenciales relataron que escucharon gritos y vieron a Amaya forcejeando con Aguirre, quien presuntamente le asestó una puñalada en el cuello. Amaya fue trasladado de urgencia al hospital, pero ingresó sin signos vitales.
La policía detuvo a Aguirre horas después del crimen, tras una serie de allanamientos y rastrillajes. En la escena se hallaron pruebas clave, como el arma blanca utilizada y prendas con manchas de sangre. El Ministerio Público Fiscal destacó la solidez de los elementos reunidos, incluyendo testimonios y el protocolo de autopsia, que determinó la causa de muerte por shock hipovolémico.
La prisión preventiva fue confirmada por segunda vez, tras ser cuestionada por la defensa. El juez Roca sostuvo que la gravedad del delito y la pena prevista justifican la medida, mientras la investigación continúa para definir la calificación legal definitiva. El caso ha generado conmoción en la comunidad de Pocito y mantiene la atención pública sobre el desarrollo del proceso judicial.
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