La muerte de Ángel López, un niño de 4 años, conmocionó a la ciudad de Comodoro Rivadavia y desató una ola de repercusiones políticas y sociales. Tras confirmarse que el menor falleció a causa de múltiples traumatismos, la investigación judicial avanzó con la detención de la madre biológica y su pareja, quienes permanecen privados de su libertad mientras se esclarecen los hechos.

En paralelo al proceso judicial, el caso se trasladó al terreno político y mediático. La psicóloga Jennifer Leiva, quien había intervenido en el proceso de revinculación familiar de Ángel, fue señalada en redes sociales y expuesta públicamente, llegando incluso a la difusión de su domicilio particular. Esta situación obligó a Leiva y a su familia a abandonar su vivienda por temor a posibles episodios de violencia, en un contexto de alta exposición y circulación de información no verificada.

El diputado nacional y exintendente Juan Pablo Luque fue acusado en redes sociales y medios de comunicación por la designación de Leiva en el Servicio de Protección de Derechos local. Luque rechazó enfáticamente las acusaciones, calificándolas como una "campaña sucia" y fake news, y argumentó que el servicio depende del gobierno provincial y la Defensoría del Poder Judicial. "Es profundamente lamentable que intenten politizar el asesinato de un niño, un hecho que nos duele a todos", expresó el legislador, quien anticipó acciones legales contra quienes difundan información falsa.

El caso puso en evidencia la precarización de los organismos de protección de derechos y la violencia digital que puede desencadenarse en contextos de alta sensibilidad social. Además, reavivó tensiones políticas entre sectores vinculados a La Libertad Avanza, el gobernador Ignacio Torres y referentes del peronismo local.

Mientras la investigación judicial continúa, el entorno de Luque y referentes sociales insisten en la necesidad de no politizar la tragedia y centrar el foco en la búsqueda de justicia para Ángel López. El caso, que recuerda al de Lucio Dupuy, reabre el debate sobre el funcionamiento de los sistemas de protección y la responsabilidad institucional en la prevención de hechos de violencia infantil.