La Justicia federal impuso restricciones para salir del país a Manuel Adorni, exjefe de Gabinete, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La decisión fue adoptada por el juez Ariel Lijo a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, quien consideró que, si bien no existen elementos para dictar la detención de Adorni, es necesario que informe y solicite autorización judicial antes de cualquier viaje al exterior.

La causa se inició tras la denuncia de la diputada Marcela Pagano y el abogado Gregorio Dalbón, quienes señalaron inconsistencias entre los ingresos declarados por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, y los gastos en la compra y refacción de una vivienda en el barrio cerrado Indio Cua, Exaltación de la Cruz. Según la investigación, parte de los pagos se realizaron en efectivo y no fueron incluidos en la declaración jurada de 2024.

Testimonios clave, como el del contratista Matías Tabar, indicaron que Adorni habría pagado US$ 245.000 en efectivo para refacciones, mientras que la exempleada Gisela Kocsis declaró haber gestionado compras por más de ocho millones de pesos en efectivo. Además, informes sobre tarjetas de crédito revelaron gastos mensuales muy superiores a los ingresos oficiales de Adorni.

El fiscal Pollicita descartó que existan riesgos de fuga o de entorpecimiento de la investigación, señalando que Adorni posee arraigo suficiente y ha colaborado con la causa. Sin embargo, ordenó profundizar las medidas de prueba, incluyendo requerimientos a plataformas de criptomonedas y empresas de comercio digital para reconstruir el circuito financiero del exfuncionario.

La defensa de Adorni comunicó que no tiene previsto salir del país y negó cualquier intento de influir en testigos. La investigación continúa abierta y podría derivar en nuevas medidas según los resultados de las pruebas patrimoniales y financieras. El caso se inscribe en un contexto de mayor escrutinio sobre el patrimonio de exfuncionarios públicos en Argentina.