La Justicia de Salta condenó a Marina Jiménez, reconocida directora y fundadora del Ballet Salta, a diez años de prisión por el abuso sexual agravado de su propio nieto. Los hechos, según la investigación, ocurrieron desde que la víctima tenía 10 años y se extendieron durante su adolescencia. La denuncia fue presentada en 2022 en Buenos Aires por el propio nieto, con el apoyo de su padre, Aníbal Jiménez, quien expresó: “Se hizo justicia”.

El proceso judicial incluyó pericias interdisciplinarias, testimonios de familiares y allegados, y audiencias que permitieron reconstruir los hechos. La declaración de la víctima fue central para la condena. Sin embargo, la sentencia aún no está firme y la defensa de Jiménez anticipó que apelará el fallo. Por el momento, la directora del Ballet Salta permanece en libertad, cumpliendo con las obligaciones procesales y a disposición de la Justicia, mientras se define si la pena será de cumplimiento efectivo o domiciliario, dada su edad.

El caso generó un fuerte impacto en la provincia de Salta y en el ámbito cultural nacional, ya que Jiménez es una figura emblemática de la danza folclórica argentina, con más de cinco décadas de trayectoria y numerosos reconocimientos. El Ballet Salta, institución que dirige desde 1970, emitió un comunicado en el que subraya que la sentencia no es definitiva y que la directora continuará con sus funciones mientras dure el proceso de apelación.

En declaraciones a la prensa, Jiménez sostuvo su inocencia y cuestionó la rapidez del juicio y la falta de pruebas en su contra. Por su parte, la víctima, hoy adulto y radicado en Buenos Aires, manifestó que la condena representa un mensaje de justicia para otras víctimas de abuso sexual.

El caso también puso en evidencia falencias institucionales, como el reciente homenaje que el Concejo Deliberante de Salta otorgó a Jiménez semanas antes de la condena, sin revisar los antecedentes judiciales. El episodio generó críticas sobre la responsabilidad y el funcionamiento de los organismos públicos.

A la espera de la resolución definitiva, el caso continúa generando debate en la sociedad salteña y en el mundo artístico, marcando un precedente en la lucha contra el abuso sexual y la transparencia institucional.