El femicidio de María Amanda Chazarreta, ocurrido en la localidad de El Aibe, departamento Banda, Santiago del Estero, ha generado conmoción y repudio en la comunidad. La mujer, madre de tres hijos, fue asesinada de al menos 13 puñaladas en el interior de su vivienda por su expareja, Ramón César Jiménez, quien posteriormente se suicidó en una zona de monte cercana.

Según fuentes policiales y judiciales, el ataque fue presenciado por dos de los hijos menores de la pareja. Uno de los niños logró pedir ayuda a familiares, quienes alertaron a las autoridades. "Papi le hizo daño a mami", relató el menor, según confirmaron los investigadores. Al llegar al domicilio, los familiares encontraron a Chazarreta sin vida, tendida sobre la cama y rodeada de sangre.

Las pericias forenses confirmaron la existencia de al menos 13 heridas de arma blanca, distribuidas en distintas partes del cuerpo, incluyendo lesiones en los brazos compatibles con intentos de defensa. Tras el crimen, Jiménez escapó del lugar y fue hallado ahorcado debajo de un árbol, a unos 400 metros de su casa, lo que llevó a encuadrar la causa como femicidio seguido de suicidio.

Vecinos y allegados señalaron que la relación entre Chazarreta y Jiménez estaba marcada por conflictos frecuentes, celos y antecedentes de violencia de género. El agresor había estado detenido meses atrás tras una denuncia de la víctima, aunque ambos retomaron la convivencia, centrando sus esfuerzos en la crianza de los hijos en común.

La fiscalía de Violencia de Género e Intrafamiliar intervino en el caso y dispuso medidas de acompañamiento y seguimiento para los familiares directos de la víctima, especialmente los menores que presenciaron el crimen. Equipos judiciales y sociales trabajan en la contención de los niños, quienes quedaron en situación de extrema vulnerabilidad.

El expediente judicial se focaliza en la recolección de testimonios, análisis periciales y reconstrucción precisa de la secuencia del ataque, así como en el contexto previo al crimen. El caso pone en evidencia la reiteración de femicidios y la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección para víctimas de violencia de género y sus hijos, en un contexto de preocupación social y demanda de respuestas efectivas.