El Congreso argentino se encuentra inmerso en una fuerte disputa política y sindical por el futuro de Nucleoeléctrica Argentina SA (NA-SA), la empresa estatal responsable de operar las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. El gobierno de Javier Milei impulsa la privatización parcial de la compañía, proponiendo la venta del 44% de sus acciones, mientras que el Estado conservaría el 51% y el 5% restante quedaría en manos de los trabajadores. Esta iniciativa, respaldada por el decreto 695/25 y autorizada por la Ley de Bases, busca atraer inversiones extranjeras y fortalecer la gestión de la empresa.

Sin embargo, el proyecto enfrenta una fuerte resistencia en el Senado. El intento del senador José Mayans de declarar "inenajenable" a NA-SA no prosperó debido a la falta de quórum y el retiro de apoyo de gobernadores clave, especialmente aquellos alineados con el bloque Provincias Unidas. La ausencia de senadores aliados y oficialistas impidió avanzar con el dictamen en el plenario de comisiones, reflejando la división política en torno a la privatización.

En paralelo, trabajadores del sector nuclear, representados por sindicatos como Luz y Fuerza Zárate, ATE, OUCRA y UOM, se movilizaron en la ciudad de Zárate para protestar contra la privatización. Denuncian bajos salarios, despidos y el vaciamiento de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), advirtiendo sobre la pérdida de 70 años de inversión y capacidades técnicas en el sector. "Las personas altamente capacitadas, por los bajos salarios, les hacen firmar retiros voluntarios o, encubiertamente, son expulsadas del sector nuclear", señaló Cristian Riente, secretario gremial de Luz y Fuerza Zárate.

El contexto internacional también influye en la decisión. Reuniones entre Milei y líderes tecnológicos, como Sam Altman de OpenAI, y negociaciones con Estados Unidos y China, han puesto el foco en la importancia estratégica de NA-SA para el desarrollo de centros de datos y la inteligencia artificial. Analistas advierten que la privatización podría ser el primer paso hacia la transferencia total de la empresa a manos privadas, generando preocupación sobre la soberanía energética y el futuro del sector nuclear argentino.

Actualmente, NA-SA provee cerca del 8% de la electricidad nacional y es considerada una de las pocas empresas estatales con excelencia operativa y recursos humanos altamente calificados. El Tesoro mantiene deudas con la empresa por la energía generada, lo que afecta su situación financiera. Además, el contrato vigente con China para la construcción de una nueva central nuclear permanece demorado, sumando incertidumbre al panorama.

La decisión del gobierno genera posiciones encontradas: mientras el oficialismo y sus aliados defienden la medida como necesaria para atraer inversiones y modernizar el sector, el peronismo y los sindicatos alertan sobre la pérdida de soberanía y capacidades estratégicas. "La empresa no da pérdidas y su patrimonio intangible es su gente", afirmó José Luis Antúnez, ex titular de NA-SA. El futuro de la política energética argentina y del sector nuclear queda así en el centro del debate nacional, con implicaciones que trascienden lo económico y político.