Un incendio ocurrido en la madrugada del 20 de diciembre de 2025 en la cárcel de Bouwer, Córdoba, resultó en la muerte de dos internas, Guadalupe Pedraza y María Flavia Ramallo. El hecho, que tuvo lugar en una celda de aislamiento, ha generado un fuerte reclamo por parte de los familiares de las víctimas, quienes exigen una investigación exhaustiva sobre las causas, responsables y posibles irregularidades en el accionar del personal penitenciario.

Según el peritaje de Bomberos, el fuego fue intencional, aunque aún no se ha determinado quién lo inició. Testimonios de familiares y otras internas señalan que hubo una demora en la apertura de las puertas y que el personal priorizó la evacuación de otras reclusas antes que las fallecidas, pese a los pedidos de auxilio. La madre de Guadalupe Pedraza, Valeria Romero, expresó: "A ellas las dejaron morir, a mi hija me la mató el Estado", y solicitó ser reconocida como querellante en la causa.

El abogado de la familia, Diego Casado, denunció intentos de modificar las declaraciones del personal penitenciario tras reuniones con autoridades del penal, lo que podría indicar un posible encubrimiento. Además, se cuestiona la presencia de colchones inflamables, la supuesta existencia de un encendedor y la falta de funcionamiento de los matafuegos, elementos que habrían contribuido a un escenario de riesgo extremo.

Desde el Ministerio de Justicia de la Provincia, se indicó que no harán declaraciones por estar la causa en manos del Poder Judicial, aunque negaron las condiciones irregulares denunciadas por la querella. La investigación judicial avanza con pedidos de pericias técnicas, revisión de cámaras de seguridad y toma de testimonios a testigos, otras internas y profesionales de la salud.

Este caso se suma a otras muertes recientes en cárceles cordobesas, lo que ha reavivado el debate sobre la responsabilidad estatal en la protección de personas privadas de libertad y la necesidad de revisar los protocolos de emergencia y condiciones de detención. Los familiares insisten en que el caso no quede impune y que se esclarezcan todas las circunstancias para garantizar justicia.