El sistema universitario argentino atraviesa una de sus peores crisis en décadas, según advierten rectores, gremios y especialistas. Entre 2023 y 2026, los salarios docentes y no docentes perdieron un 32% de su poder adquisitivo, con aumentos muy por debajo de la inflación acumulada, que alcanzó el 280%. Esta situación llevó a que muchos trabajadores universitarios perciban ingresos por debajo de la línea de pobreza, establecida en $1.360.299 en enero de 2026.

El ajuste presupuestario también impactó de lleno en el funcionamiento de las universidades nacionales. Las transferencias estatales cayeron un 45,6% en términos reales, mientras que los fondos para gastos de funcionamiento y áreas clave como ciencia, técnica y extensión universitaria sufrieron recortes históricos. Las Becas Progresar, fundamentales para el acceso y permanencia de estudiantes, registraron una caída real superior al 95% respecto a 2023, y en algunos rubros directamente no hubo ejecución presupuestaria.

En este contexto, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) declaró la emergencia salarial y presupuestaria del sistema universitario y científico, exigiendo el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario (N° 27.795), que prevé la recomposición de salarios en función de la inflación. Sin embargo, el Gobierno propuso aumentos escalonados que, según los rectores, resultan insuficientes para revertir la pérdida de poder adquisitivo.

La crisis se trasladó al calendario académico: gremios docentes y no docentes realizaron paros que afectaron el inicio del ciclo lectivo en varias instituciones. Franco Bartolacci, flamante presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, sostuvo que "la mejor defensa de la universidad es mantenerla abierta y cumpliendo su misión", pero advirtió que la situación es "extremadamente delicada" y requiere respuestas urgentes.

El ajuste presupuestario y la falta de diálogo formal con las autoridades nacionales generan incertidumbre sobre el futuro del sistema universitario, históricamente considerado un pilar del desarrollo educativo y científico argentino. Rectores y gremios coinciden en que la recomposición presupuestaria y salarial es una condición indispensable para preservar la calidad y la inclusión en la educación superior pública.