La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia revocó la medida cautelar que suspendía la aplicación de la reforma de la Ley de Glaciares en la provincia de Santa Cruz, restableciendo así la vigencia de la normativa mientras continúa el debate sobre su constitucionalidad. El fallo, emitido tras un planteo de la Procuración del Tesoro de la Nación, consideró que la suspensión previa carecía de fundamentos suficientes y se basaba en riesgos hipotéticos, sin demostrar un peligro concreto e inminente para el ambiente.

La causa había sido promovida por autoridades municipales y legisladores de El Calafate, quienes cuestionaron la constitucionalidad de la reforma y solicitaron la medida cautelar. Sin embargo, los jueces de la Cámara Federal señalaron que la sentencia apelada no justificó adecuadamente el impedimento de una ley sancionada por el Congreso de la Nación. "La sentencia en crisis no supera el test de adecuada fundamentación y razonabilidad", afirmaron los magistrados, quienes también remarcaron que la nueva ley no habilita automáticamente actividades prohibidas ni elimina de manera inmediata las protecciones existentes.

La reforma de la Ley de Glaciares, identificada como Ley 27.804, restringe la protección del ambiente periglacial únicamente a glaciares y geoformas que cumplan una función hídrica efectiva, otorgando a las provincias la potestad de auditar e identificar las zonas protegidas. Además, el tribunal cuestionó la legitimación de los demandantes para representar a toda la provincia, señalando que ni el intendente de El Calafate ni los legisladores podían arrogarse la representación del pueblo santacruceño.

Desde la Procuración del Tesoro celebraron la decisión judicial, considerándola un respaldo al modelo federal de concertación ambiental, donde el Estado Nacional fija los estándares básicos y las provincias complementan y aplican la normativa. Por su parte, el diputado nacional Jairo Guzmán destacó que la resolución permitirá mayor previsibilidad para inversiones y criticó la utilización de la justicia con fines políticos.

El debate sobre la constitucionalidad de la reforma sigue abierto y no se descarta que la causa llegue a la Corte Suprema. Mientras tanto, la ley vuelve a regir en Santa Cruz, en un contexto donde amplias áreas de la provincia ya cuentan con protección como parques nacionales y reservas, y la ley provincial de glaciares mantiene restricciones similares a la normativa nacional anterior.