Una red de trata de personas que operaba en las inmediaciones de un colegio secundario en Salta fue desbaratada tras una investigación judicial y policial que culminó con la imputación de cinco personas, entre ellas un menor de edad, un remisero y tres adultos clientes. El grupo captaba adolescentes, principalmente alumnas del cuarto año, para explotación sexual, ofreciendo pagos elevados por encuentros, especialmente si las víctimas eran vírgenes.

La investigación se inició a partir de denuncias de madres que detectaron actividades sospechosas en los celulares de sus hijas, incluyendo transferencias de dinero y mensajes de contenido sexual. Las denuncias permitieron identificar el modus operandi de la red: un alumno del colegio actuaba como nexo, captando a sus compañeras y facilitando información sobre su virginidad, mientras el remisero, de 63 años, se encargaba de la logística y el traslado de las víctimas a hoteles y domicilios particulares.

Según las fuentes judiciales, los pagos por los encuentros sexuales variaban entre $60.000 y $200.000, siendo el mayor monto ofrecido por la virginidad de las adolescentes. Los encuentros se realizaban en hoteles de la ciudad y en domicilios particulares, con un control estricto del tiempo y los precios. Además, se ofrecía alcohol y drogas a las víctimas antes de los abusos.

Durante los allanamientos realizados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, se secuestraron teléfonos celulares, computadoras, discos duros, lencería erótica, elementos asociados a prácticas sexuales, marihuana, un vehículo y documentación relevante para la causa. El fiscal general Eduardo Villalba solicitó la prisión preventiva para los adultos imputados y la realización de peritajes sobre los dispositivos electrónicos incautados.

El caso fue inicialmente desestimado en la justicia provincial, pero reactivado en el fuero federal tras nuevas denuncias. El fiscal Villalba calificó el accionar de la red como "perverso" y destacó el sometimiento psicológico al que eran sometidas las víctimas, quienes vivían bajo amenaza permanente de que sus padres fueran informados sobre su participación. El Defensor Público de Víctimas, Nicolás Escandar, subrayó el estado de temor de las adolescentes.

Durante los interrogatorios, los imputados negaron conocer la edad de las víctimas y su participación en la explotación, pero la fiscalía presentó pruebas contundentes que llevaron al juez federal a dictar la prisión preventiva. Las autoridades confirmaron que hay más víctimas identificadas que aún no han declarado y que la investigación sigue abierta, con la posibilidad de nuevas imputaciones.

El caso ha generado conmoción en la sociedad salteña, que exige justicia y mayor protección para los menores en entornos escolares. La investigación revela la vulnerabilidad de los adolescentes y la sofisticación de las redes de trata que operan en el país, poniendo en evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención y denuncia.