La Justicia Civil de General Roca condenó a una aseguradora tras comprobar que el auto de una clienta, derivado a un taller para su reparación, fue devuelto con casi 4.000 kilómetros adicionales y sin que se solucionaran las fallas mecánicas originales. El caso se originó cuando la propietaria de un Renault Kwid, asegurado contra todo riesgo, sufrió un choque y confió en la compañía para gestionar la reparación. Sin embargo, el vehículo permaneció durante meses en un taller que no contaba con habilitación municipal ni respaldo técnico del fabricante.

Durante ese tiempo, la mujer recibió reiteradas promesas de repuestos y arreglos que nunca se concretaron. Al retirar el auto, notó que persistían ruidos y luces de advertencia en el tablero, lo que la obligó a regresar en varias ocasiones al mismo establecimiento. La situación se agravó al constatar que el auto había sido devuelto con 3.800 kilómetros más de los que tenía al ingresar, pero sin mejoras en su funcionamiento.

La propietaria inició una demanda por daños y perjuicios contra la aseguradora y el taller. En el proceso judicial, se incorporaron pruebas documentales, testimoniales y periciales que confirmaron la falta de habilitación del taller y la ausencia de documentación técnica sobre las reparaciones. Una pericia mecánica determinó que los trabajos se realizaron fuera de los parámetros recomendados y que la situación provocó una depreciación del vehículo cercana al 10%.

El tribunal consideró que la aseguradora incumplió sus obligaciones contractuales y aplicó la Ley de Defensa del Consumidor, ordenando una indemnización por privación de uso del vehículo durante aproximadamente un mes y medio, la desvalorización del auto y el daño moral sufrido por la propietaria. La demanda contra el mecánico fue rechazada, ya que se probó que no era titular del taller, sino que prestaba servicios de manera eventual.

Este fallo sienta un precedente relevante para los consumidores, al subrayar la responsabilidad de las aseguradoras en la cadena de servicios y la importancia de la supervisión sobre los talleres designados. El caso también pone en evidencia la necesidad de mayores controles y garantías para los usuarios de servicios postventa en la región.