El Juzgado de 1° Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires ordenó al gobierno porteño restablecer el servicio de traslado para los cartoneros que viajan desde el conurbano bonaerense, tras una demanda presentada por la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR). La administración de Jorge Macri anunció que acatará la medida judicial, aunque adelantó que presentará una apelación para revertir el fallo.

La resolución judicial argumentó que la suspensión del servicio afectó derechos constitucionales vinculados al trabajo y la protección social. Según la jueza interviniente, la decisión del Gobierno porteño se comunicó sin respaldo de un acto administrativo válido, lo que la tornó arbitraria. "La Justicia falló a favor de los cartoneros y ordenó a Jorge Macri restituir el servicio de transporte", celebró la Unión de Trabajadores Excluidos (MTE), que respaldó la protesta de los afectados.

Hasta el 1° de agosto, la Ciudad financiaba el traslado de 3.100 recuperadores urbanos desde el conurbano, beneficiando principalmente a cooperativas asociadas al dirigente Juan Grabois. El Gobierno porteño justificó la suspensión del financiamiento bajo el argumento de "dotar de más equidad" al sistema, señalando que otros trabajadores urbanos que viajan desde la provincia no reciben ese beneficio. Los fondos, según la administración, serán redirigidos a obras de infraestructura en los Centros Verde y a mejoras en la capacidad productiva y logística del sistema de reciclado.

Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, reiteró su oposición a la medida: "La justicia quiere obligarnos a financiar nuevamente el traslado de los cartoneros de Grabois desde el conurbano. Vamos a apelar esta decisión insólita que atenta contra los intereses de los porteños", afirmó en redes sociales. El Gobierno porteño también destacó que el traslado de recuperadores urbanos no constituye una obligación formal del Estado según el Concurso Público N.º 1/2021, que regula el sistema de reciclado.

La restricción del transporte motivó protestas y acampes de recicladores frente al Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana. La Iglesia, a través de la Conferencia Episcopal, respaldó a los cartoneros y pidió que su actividad sea "reconocida, acompañada y protegida". El debate sobre el financiamiento y la equidad en el sistema de reciclado continúa abierto, mientras la Ciudad deberá restituir el servicio hasta que la Justicia resuelva la cuestión de fondo.