El conflicto universitario en Argentina se profundiza con el inicio de una nueva semana de paro docente, que afecta a universidades públicas y escuelas preuniversitarias en todo el país. La medida, que se extiende del 13 al 18 de abril, responde a la falta de acuerdo con el Gobierno nacional respecto a la recomposición salarial, la convocatoria a paritarias y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Durante los días de paro, no se dictarán clases ni se desarrollarán actividades académicas habituales, lo que impacta directamente en miles de estudiantes y trabajadores del sector. Además, los trabajadores no docentes han anunciado una jornada de protesta para el 17 de abril, sumando presión al conflicto. En paralelo, docentes y estudiantes llevan adelante acciones de visibilización, como clases públicas y jornadas de debate en espacios emblemáticos como la Plaza de Mayo.

El reclamo se da en un contexto de fuerte ajuste presupuestario. Según el Consejo Interuniversitario Nacional, los salarios universitarios han perdido un 32% de su poder adquisitivo desde fines de 2023, mientras que las partidas de funcionamiento han sufrido recortes significativos. Un reciente fallo judicial ordenó al Estado nacional cumplir con la normativa vigente, incluyendo la actualización salarial y el pago de deudas con los trabajadores, pero desde el ámbito universitario denuncian que la resolución aún no ha sido implementada.

Docentes y representantes sindicales advierten sobre la "asfixia presupuestaria" y el riesgo de deterioro de la calidad educativa, así como la posible "fuga de cerebros" ante la falta de inversión y perspectivas. "Hoy nos empujan a una educación mercantilista y elitista. Es de terror", expresó una docente de la UBA durante una clase pública. Estudiantes también manifestaron su preocupación por el impacto de la crisis en sus estudios y en el acceso a becas.

El conflicto universitario se inscribe en una serie de protestas y medidas de fuerza que buscan sostener el reclamo en la agenda pública y sumar adhesiones en defensa de la universidad pública. Se prevé la convocatoria a una nueva Marcha Federal Universitaria a fin de mes, en articulación con estudiantes y trabajadores no docentes. El desenlace del conflicto dependerá de la respuesta del Gobierno nacional y de la implementación efectiva de las medidas judiciales y legislativas vigentes.