Juan Gabriel González, un obrero de la construcción de 45 años, falleció el jueves pasado en el Barrio 20 de Villa Lugano, Buenos Aires, tras un enfrentamiento con efectivos de la Policía de la Ciudad. El hecho ocurrió cerca de las 13 horas, cuando la policía intervino ante un llamado por disturbios en la zona. Según el resultado preliminar de la autopsia, González murió a causa de heridas provocadas por munición múltiple, típicamente utilizada en escopetas, que le impactaron en el tórax y el abdomen, generando hemorragia interna y externa.

El incidente se desencadenó cuando González intentó ingresar al pasillo donde se encuentra su vivienda y fue impedido por uno de los agentes, lo que derivó en una discusión y posterior pelea. Un video que circuló en redes sociales muestra el momento en que González, sin remera y descalzo, se enfrenta físicamente con los policías y cae tras recibir el disparo. La investigación judicial, a cargo de la jueza Laura Bruniard, está caratulada como homicidio y fue delegada a la División Homicidios de la Policía Federal Argentina.

Siete efectivos policiales están implicados en el episodio, de los cuales uno fue pasado a disponibilidad y otro imputado por encubrimiento. El Ministerio de Seguridad porteño inició un sumario administrativo para evaluar el accionar de los agentes y aclaró que las armas utilizadas eran "material antidisturbios". Sin embargo, familiares y allegados de González sostienen que la muerte fue producto de un balazo policial y denuncian golpes y amenazas contra otros integrantes de la familia y vecinos, algunos de los cuales permanecen detenidos.

La abogada de la familia, Romina Ávila, afirmó que la lesión mortal fue "un agujero enorme en la zona del tórax" y denunció violencia sistemática por parte de la policía en el barrio. Vecinos y organizaciones sociales realizaron una marcha para exigir justicia y avances en la investigación. El caso ha reavivado el debate sobre el uso de la fuerza y la violencia institucional en la Ciudad de Buenos Aires, en un contexto de reiteradas denuncias por "gatillo fácil" y represión policial en zonas vulnerables.

La investigación continúa, mientras se esperan nuevas declaraciones de testigos y familiares. El episodio pone nuevamente en foco la actuación de las fuerzas de seguridad porteñas y la necesidad de transparencia y rendición de cuentas en casos de violencia institucional.