En los últimos días, se difundieron en redes sociales mensajes que aseguraban que el presidente Javier Milei había destinado más fondos reales a las universidades públicas argentinas que sus predecesores. Sin embargo, un análisis de datos oficiales realizado por Chequeado y la Oficina de Presupuesto del Congreso desmiente esta afirmación, revelando que la inversión real en educación superior durante la gestión de Milei es la más baja desde 2007.

Los mensajes, compartidos por el propio presidente en la red social X, incluían gráficos que mostraban supuestos aumentos del 10% en los fondos universitarios para 2024 y los primeros meses de 2025. No obstante, los datos oficiales indican que en 2024 las transferencias a las universidades totalizaron $3,3 billones, lo que representa una caída real del 24,97% respecto a 2023, último año de la gestión anterior. Además, en los primeros ocho meses de 2025, la inversión cayó un 5,76% respecto al mismo período de 2024 y un 30,46% en comparación con 2023.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) advirtió que los recursos asignados para el programa de Desarrollo de la Educación Superior en 2025 se ubican en su nivel más bajo en casi dos décadas, comprometiendo el funcionamiento de las universidades y limitando el acceso a una educación superior gratuita y de calidad. "La inversión por estudiante es la más baja desde 2005", señala el informe de ACIJ.

El análisis de la evolución del financiamiento universitario considera el gasto anual devengado y el promedio anual del índice de precios al consumidor (IPC), metodología recomendada por expertos en presupuesto para reflejar con precisión el impacto de la inflación en el gasto público. Los años de mayor inversión en educación superior fueron 2015, 2017 y 2018, cuando se destinaron casi $5 billones actuales.

La circulación de información incorrecta en redes sociales, amplificada por figuras públicas y funcionarios, ha generado confusión y debate en torno al financiamiento universitario. Organizaciones y especialistas insisten en la importancia de basar el debate en datos verificables y metodologías adecuadas para evitar la desinformación y sus consecuencias en la opinión pública y la política educativa.