El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió este viernes al escándalo que involucra al jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito. Kicillof ironizó que, de tratarse de un funcionario peronista, "ya estaría preso", en alusión a la polémica declaración jurada de Adorni, quien admitió haber omitido declarar US$500.000 en Bitcoins, supuestamente almacenados en un pendrive.

Durante una recorrida de gestión en Pergamino, Kicillof expresó ante la prensa: "Si esto fuera un peronista, para los que son antiperonistas y una parte de la Justicia, estaría preso y sería un desastre. Con esto estamos viendo y esperando no sé qué". Además, el mandatario provincial apeló al sarcasmo al señalar: "Estoy buscando un pendrive para los recursos de la provincia, porque es mucha plata".

El caso de Adorni escaló rápidamente en el ámbito político y judicial. Tras la admisión del funcionario sobre la existencia de ahorros no declarados, la oposición presentó un pedido de interpelación y una moción de censura en la Cámara de Diputados, solicitando la aplicación del artículo 101 de la Constitución Nacional. Diversos bloques, entre ellos Unión por la Patria y el PRO, exigieron la renuncia de Adorni y reclamaron mayor transparencia en la gestión pública.

En paralelo, los diputados Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, presentaron una denuncia judicial por presunta omisión maliciosa y falsedad ideológica en las declaraciones patrimoniales de Adorni correspondientes a los años 2024 y 2025. La causa podría quedar a cargo del juez Ariel Lijo, quien ya investiga otras denuncias similares.

El escándalo se produce en un contexto de creciente tensión entre el gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires, especialmente en materia de recursos y transparencia institucional. La Ley de Ética Pública exige a los funcionarios la declaración completa de sus bienes, y el caso Adorni reaviva el debate sobre la igualdad ante la ley y la confianza en las instituciones.

Mientras tanto, Adorni sostiene que la omisión fue un "error involuntario" por desconocimiento legal, argumento que ha sido recibido con escepticismo tanto por la oposición como por sectores oficialistas. El desenlace judicial y político del caso podría tener implicancias significativas para la administración nacional y la percepción pública sobre la lucha contra la corrupción.