El conflicto limítrofe entre las provincias argentinas de La Rioja y San Juan volvió a la agenda pública tras la presentación de un proyecto de ley por parte del gobernador riojano, Ricardo Quintela, que busca reafirmar el rechazo histórico de su provincia al decreto-ley 18.004, norma que desde 1968 fija los límites entre ambas jurisdicciones. La iniciativa habilita acciones judiciales para reclamar territorios actualmente bajo jurisdicción sanjuanina, especialmente aquellos con importantes recursos mineros y hídricos.

La respuesta desde San Juan fue inmediata. El gobernador Marcelo Orrego y la Cámara Minera de San Juan rechazaron la iniciativa, advirtiendo sobre el impacto negativo que una disputa de este tipo podría tener sobre las inversiones en curso, particularmente en el proyecto minero Vicuña. Este emprendimiento, liderado por empresas internacionales, fue recientemente incorporado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con una inversión inicial de USD 9.700 millones y potencial de alcanzar los USD 18.000 millones en una década. El ministro de Economía nacional calificó a Vicuña como el mayor proyecto minero de la historia argentina.

El trasfondo del conflicto es tanto histórico como económico. El decreto-ley 18.004, firmado durante la dictadura de Onganía, fue ratificado por el Congreso en 2014, estableciendo los límites interprovinciales y asignando parajes clave a San Juan. Sin embargo, La Rioja sostiene que el acuerdo fue perjudicial y significó un despojo de áreas de alto valor económico. El proyecto de ley riojano crea una comisión especial y faculta a la Fiscalía de Estado a iniciar acciones legales, mientras que desde San Juan se insiste en que ninguna provincia puede modificar límites por ley local, ya que la Constitución reserva esa facultad al Congreso.

Técnicos y agrimensores sanjuaninos respaldan la posición oficial, señalando que los límites están definidos y ratificados tanto legal como técnicamente, tras trabajos conjuntos con el Instituto Geográfico Nacional. La Cámara Minera de San Juan expresó su preocupación por la estabilidad jurídica y el clima de inversiones, llamando al diálogo institucional.

El conflicto se produce en un contexto de fragilidad fiscal en La Rioja y de creciente importancia de la minería para la economía regional y nacional. La disputa, que involucra también al Parque Ischigualasto y otros proyectos mineros, reaviva tensiones históricas y pone en alerta a inversores y autoridades nacionales.