El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, enfrenta una investigación judicial y administrativa tras admitir un incremento patrimonial no declarado de aproximadamente 500.000 dólares. La controversia se desató cuando Adorni, en entrevistas televisivas, reconoció que parte de su patrimonio proviene de inversiones en criptomonedas y de una herencia familiar, y que estos fondos no habían sido incluidos en sus declaraciones juradas anteriores.

El fiscal Gerardo Pollicita solicitó de manera urgente a la Oficina Anticorrupción la nueva declaración jurada de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, ambos investigados por presunto enriquecimiento ilícito. En respuesta, Adorni y su esposa solicitaron acogerse al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias, amparados en la Ley de Inocencia Fiscal, que permite regularizar activos no declarados sin sanciones penales.

La reacción política fue inmediata. Desde la oposición, figuras como Máximo Kirchner y Maximiliano Ferraro criticaron duramente la conducta de Adorni, calificándola de "omisión ética" y denunciando que el caso revela la "verdadera cara" del gobierno de Javier Milei. Por su parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel también expresó su desaprobación, mientras que el oficialismo, incluido el presidente Milei, manifestó su respaldo al jefe de Gabinete.

El caso Adorni se produce en un contexto de creciente demanda social por transparencia y ética en la función pública. Legisladores opositores presentaron proyectos para excluir a funcionarios y magistrados de los beneficios del régimen de inocencia fiscal, buscando evitar que se utilicen estos mecanismos para regularizar fondos de origen dudoso.

La controversia se suma a otros episodios recientes que han puesto en tela de juicio la integridad de la gestión pública y ocurre en medio de una fuerte polarización política, marcada también por el aniversario de la condena a la expresidenta Cristina Kirchner. El desenlace de la investigación sobre Adorni podría tener implicancias significativas para el gobierno y para el debate sobre la transparencia institucional en Argentina.