El Gobierno argentino tiene listo un decreto para reducir de manera progresiva las retenciones a la exportación de autos, una medida largamente esperada por la industria automotriz. Según confirmaron fuentes oficiales y empresariales, el esquema prevé una baja gradual del derecho de exportación, actualmente en 4,5%, hasta llegar a su eliminación total hacia fines de 2026. Sin embargo, la publicación del decreto está condicionada al resultado de la recaudación fiscal de marzo, que viene mostrando caídas en términos reales.

La decisión ya fue comunicada a las terminales automotrices agrupadas en la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), aunque la oficialización depende de que los ingresos tributarios muestren señales de recuperación. "El decreto está escrito, pero hay que ver los números de la recaudación para avanzar. La promesa es para abril", señaló una fuente del sector a La Nación.

Actualmente, los autos exportados tributan un 4,5% y reciben un reintegro del 7%, mientras que las autopartes no pagan retenciones y tienen un reintegro del 5,5%. El Gobierno busca mantener estos reintegros y reducir la carga impositiva sobre la cadena productiva, en un intento por mejorar la competitividad de la industria en los mercados externos.

La industria automotriz argentina enfrenta un contexto desafiante, con caídas en la producción y las exportaciones. En febrero se fabricaron 29.632 vehículos, un 41,1% más que en enero, pero un 30,1% menos que en el mismo mes de 2025. Las exportaciones también mostraron una baja interanual del 28,9%. El principal destino, Brasil, compró 2.815 autos menos en el primer bimestre del año.

Empresarios y especialistas consideran que la eliminación de las retenciones podría sumar entre 20.000 y 25.000 unidades adicionales destinadas a la exportación, lo que impactaría positivamente en la producción y el empleo. "Afecta la competitividad de nuestros productos en forma contundente", afirmó César Litvin, CEO de Lisicki, Litvin & Abelovich. Desde el sector insisten en la urgencia de la medida para revertir la pérdida de competitividad frente a países como Brasil y México, que no aplican este tipo de gravámenes.

No obstante, el Gobierno mantiene la cautela y prioriza el equilibrio fiscal, por lo que la decisión final dependerá de la evolución de los ingresos tributarios. La industria automotriz, que destina el 70% de su producción a la exportación, sigue a la espera de una definición que podría marcar un punto de inflexión para el sector.