La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso presentado por la defensa de Gastón Ariel Mercanzini, el hombre que arrojó una botella de vidrio contra la caravana presidencial de Javier Milei el 10 de diciembre de 2023, durante la asunción del mandatario. De esta manera, Mercanzini continuará cumpliendo la condena unificada de tres años y seis meses de prisión, que incluye cargos por el ataque y por violencia de género en otra causa.

El incidente ocurrió cuando Milei se trasladaba desde el Congreso hasta la Casa Rosada, acompañado por su hermana Karina Milei. Al pasar por la intersección de Avenida de Mayo y Montevideo, Mercanzini lanzó una botella que impactó en el subcomisario Guillermo Armentano, integrante de la custodia presidencial, provocándole una herida en la cabeza.

Mercanzini se entregó a la policía al día siguiente, manifestando estar desempleado, ser adicto y haber estado bajo los efectos del alcohol al momento del hecho. Expresó arrepentimiento y pidió disculpas al presidente. En mayo de 2024, fue condenado en un juicio abreviado a un año y seis meses de prisión por el ataque, pena que se unificó con una condena previa por violencia de género.

En septiembre de 2025, la defensa solicitó la libertad condicional de Mercanzini, argumentando que había cumplido el tiempo mínimo requerido y mantenía buena conducta. Sin embargo, el juzgado federal 9 rechazó el pedido, señalando que el interno no había sostenido la calificación mínima de "Buena" durante dos tercios de la condena y tenía un expediente disciplinario en trámite. Además, los equipos técnicos del Servicio Penitenciario Federal emitieron un pronóstico desfavorable para su reinserción social.

El domicilio propuesto para la libertad condicional coincidía con el de las víctimas de violencia de género, lo que también fue considerado en la negativa. La defensa apeló la decisión, pero la Cámara Federal de Casación Penal consideró que el juzgado había fundamentado adecuadamente su resolución y declaró inadmisible el recurso.

El caso pone en debate la protección de funcionarios públicos y la reinserción de personas condenadas por delitos violentos, en un contexto de alta sensibilidad social respecto a la seguridad presidencial.