El pasado domingo 28 de septiembre, la policía de Rosario utilizó por primera vez una pistola Taser en el marco de una intervención por violencia de género en Avenida Ovidio Lagos al 8500. El hecho se produjo cuando personal del Comando Radioeléctrico acudió a un llamado al 911 que alertaba sobre una situación de agresión. En el lugar, los agentes entrevistaron a la víctima, quien denunció haber sido agredida físicamente por su pareja. El agresor fue detenido en el sitio.

Mientras se realizaban las actuaciones policiales, la hermana de la víctima llegó al lugar y, al enterarse de lo sucedido, comenzó a agredir a los efectivos y a dañar una de las unidades móviles. Ante la negativa de la mujer a acatar las órdenes policiales y su actitud violenta, una suboficial utilizó su pistola Taser reglamentaria para reducirla. La intervención fue grabada y el video difundido por el Ministerio de Seguridad de Santa Fe.

El subcomisario Matías Moreira, jefe de la agente que utilizó la Taser, defendió el accionar policial y calificó la herramienta como "excelente" para proteger tanto al personal como a los civiles. "En muchos de estos casos, sin la Taser, una situación similar termina con lesiones tanto de la persona reducida como del personal policial", afirmó Moreira. Por su parte, la suboficial Rodríguez, quien disparó la Taser, sostuvo que el dispositivo es útil y seguro si se emplea correctamente.

El hecho generó un fuerte debate público. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) expresó su preocupación y calificó a las armas Taser como "instrumentos de tortura", recordando antecedentes internacionales de muertes por su uso y el simbolismo negativo en la historia argentina. "Este tipo de decisiones implican una regresión inadmisible en materia de derechos humanos", señaló la APDH en un comunicado.

El gobernador Maximiliano Pullaro, a través de sus redes sociales, defendió la incorporación de las Taser como parte de una política de inversión en equipamiento y preparación policial para mejorar la seguridad en la provincia. El episodio reavivó el debate sobre el uso de armas de electrochoque en Argentina y la tensión entre seguridad y derechos humanos, en un contexto de creciente preocupación por la violencia urbana.