La Municipalidad de Villa Allende, en la provincia de Córdoba, avanzó con la instalación de portones en calles secundarias de barrios como Lomas Sur y Pan de Azúcar, restringiendo el acceso vehicular entre las 22 y las 6 horas. Esta medida, enmarcada en un programa integral de prevención del delito, busca reducir los delitos nocturnos, que según cifras oficiales representan el 60% de los robos en la ciudad.

El intendente Pablo Cornet explicó que la iniciativa cuenta con respaldo judicial y que la restricción es parcial, garantizando corredores de emergencia para ambulancias y bomberos. "No es un barrio cerrado. Se trata de cerrar calles secundarias en horario nocturno, pero durante el día quedan plenamente abiertas", afirmó Cornet. Además, el municipio prevé la instalación de más de 13 portones, la incorporación de 300 cámaras de seguridad y ocho móviles policiales adicionales.

La medida generó un intenso debate entre los vecinos. Mientras que solo el 1,9% de los empadronados se opuso formalmente en el registro de oposición, sectores autoconvocados y algunos concejales presentaron amparos y apelaciones judiciales, argumentando que la medida restringe derechos fundamentales como la libre circulación y la igualdad ante la ley. "Hoy toda la población de Villa Allende está en contra de esta medida y no hay nadie que se haya manifestado a favor", sostuvo Hugo Yagüe, vocero de los manifestantes.

El fallo judicial que avaló la medida consideró que la restricción es "razonable y proporcional al fin perseguido, que es la seguridad pública", y reconoció la vigencia de la emergencia en seguridad declarada desde 2023. Sin embargo, el debate judicial permanece abierto tras la apelación de los demandantes.

El intendente Cornet, quien fue víctima de un robo, justificó la adopción de medidas excepcionales ante la lentitud de la respuesta judicial. Por su parte, la concejal Marta Banegas cuestionó la política municipal, señalando que "en vez de llevar adelante políticas de inclusión se llevan adelante políticas de segregación y eso es peligroso".

La controversia en Villa Allende refleja el desafío de equilibrar la seguridad ciudadana con los derechos individuales, en un contexto de emergencia y creciente preocupación social por la inseguridad.