La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires anuló la absolución del juez Onildo Osvaldo Stemphelet, ex titular del Juzgado de Ejecución Penal N°2 de Bahía Blanca, y ordenó que sea sometido a un nuevo jury de enjuiciamiento. La decisión, adoptada por mayoría de 4 a 3, responde a un recurso presentado por el procurador general Julio Conte-Grand, quien cuestionó la valoración de los hechos realizada en el primer proceso.

El caso se remonta a mayo de 2019, cuando Stemphelet fue acusado de ordenar un operativo policial desde un prostíbulo, tras denunciar el robo de $3.000 y su billetera. Según la investigación, el magistrado se identificó ante la trabajadora sexual y la intimidó con su credencial, advirtiéndole: “¿Sabés quién soy yo? Vas a ir presa por lo que hiciste”. Posteriormente, solicitó la intervención del Comando de Patrullas local, lo que derivó en el envío de cinco móviles policiales al lugar, desviados de sus recorridos habituales.

El episodio generó un fuerte impacto institucional y derivó en la suspensión de Stemphelet, quien fue sometido a un jury de enjuiciamiento. En agosto de 2023, el tribunal encargado del proceso no alcanzó la mayoría necesaria para su destitución, resultando en un empate que permitió su absolución y regreso al cargo. Sin embargo, la Procuración apeló la decisión, argumentando que la valoración del tribunal fue "arbitraria" y no coherente con los hechos probados.

La Suprema Corte bonaerense consideró que existía una contradicción lógica entre los hechos comprobados y la conclusión del primer jury, por lo que resolvió anular la absolución y ordenar un nuevo juicio político. "Lo que se lleva dicho es suficiente para que pueda descalificarse por arbitrariedad la parcela del pronunciamiento puesto en entredicho", sostuvo el juez Fernando Soria en el voto mayoritario.

Stemphelet, quien anunció su jubilación a fines de 2025, podría perder el beneficio si es destituido en el nuevo proceso. El caso reabre el debate sobre la ética judicial y el control institucional en la provincia de Buenos Aires, marcando un precedente en la intervención de la Suprema Corte sobre decisiones de jurados de enjuiciamiento.