El gobierno argentino se encuentra en el centro de una controversia por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que involucra a funcionarios cercanos al presidente Javier Milei, entre ellos su hermana Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem. La situación se agravó tras la filtración de audios del ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, en los que se mencionan sobreprecios y supuestos vínculos con altos funcionarios.

En respuesta, Milei calificó el escándalo como una "opereta de la casta" y anunció públicamente que llevará a Spagnuolo ante la Justicia para demostrar que las acusaciones son falsas. "Todo lo que dice Spagnuolo es mentira y lo vamos a llevar a la Justicia", afirmó el presidente durante una caravana de campaña en Lomas de Zamora, donde también fue víctima de agresiones por parte de manifestantes. El mandatario insistió en que el caso forma parte de una estrategia política para perjudicar al oficialismo en vísperas de las elecciones bonaerenses y nacionales.

El gobierno, a través de voceros como Manuel Adorni y el jefe de gabinete Guillermo Francos, reiteró su disposición a colaborar con la Justicia y aseguró que no interferirá en la investigación. Spagnuolo, por su parte, designó a un abogado independiente y rechazó el patrocinio sugerido por el entorno presidencial. Mientras tanto, la causa judicial avanza lentamente, sin nuevas imputaciones más allá de los allanamientos iniciales y la captura de teléfonos celulares de los implicados.

El clima político se ha visto enrarecido por los incidentes violentos en Lomas de Zamora y por la polarización entre oficialismo y oposición. Milei, en sus discursos ante empresarios y en actos de campaña, ha insistido en que su gobierno es víctima de ataques destinados a frenar el proceso de cambio y que no se dejarán amedrentar. "Nos envalentona porque demuestran que tienen miedo, que están desesperados y porque dejan en claro que no vienen por Javier Milei, sino por la libertad de todos los argentinos", expresó el presidente.

El escándalo ocurre en un contexto de ajuste económico y creciente malestar social, especialmente entre los sectores más vulnerables. La Casa Rosada busca minimizar el impacto del caso en la campaña electoral y fortalecer su posición de cara a los comicios del 7 de septiembre y el 26 de octubre. El desenlace judicial y político del caso ANDIS será clave para el futuro inmediato del gobierno y la estabilidad institucional.