El gobierno de Javier Milei atraviesa una de sus crisis más profundas tras la difusión de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que denuncian presuntos sobornos y corrupción en el seno del Ejecutivo. Los audios, que involucran directamente a Karina Milei, hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia, han generado un fuerte impacto en la opinión pública y en la campaña electoral bonaerense.

Según encuestas recientes de Trespuntozero y La Sastrería, el 62,5% de los consultados considera que los audios reflejan hechos graves de corrupción en el gobierno, mientras que solo un 32,8% cree que se trata de una operación política. La imagen positiva de Milei cayó por debajo del 40%, ubicándose detrás de Axel Kicillof y Cristina Kirchner, y la imagen negativa del presidente alcanzó el 58,5%. Karina Milei, por su parte, vio profundizada su imagen negativa, con más del 61% de desaprobación.

El caso, conocido como "Karinagate", se mantiene en el centro de la conversación digital y mediática, con menciones sostenidas y alta negatividad hacia los principales involucrados. La reacción del gobierno ha sido dispersa: mientras Milei negó públicamente las acusaciones y anunció acciones legales contra Spagnuolo, Karina Milei suspendió actividades públicas y el oficialismo atribuye el escándalo a una "opereta" de la oposición.

El impacto del caso se extiende a la campaña para las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, donde la corrupción se posiciona como la principal preocupación ciudadana, desplazando otros temas como la pobreza y la inseguridad. Analistas advierten que el escándalo podría aumentar el ausentismo electoral y el desencanto con la política, especialmente entre los votantes blandos que apoyaron a Milei en el balotaje.

En este contexto, Spagnuolo se muestra dispuesto a colaborar con la justicia o negociar con el gobierno, mientras la investigación judicial avanza y la opinión pública sigue atenta a nuevos desarrollos. El caso de las coimas en la ANDIS marca un punto de inflexión en la gestión de Milei, con consecuencias políticas y sociales aún por definirse.