Las recientes decisiones del presidente Javier Milei de vetar leyes clave para el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica han desencadenado una ola de protestas en Argentina. En la Ciudad de Buenos Aires, barrios como Caballito, Recoleta y la Plaza de Mayo fueron epicentro de cacerolazos y manifestaciones, mientras que en Córdoba y otras ciudades se preparan marchas federales para el 17 de septiembre.

El conflicto se originó tras la negativa del Ejecutivo a promulgar normas aprobadas por el Congreso que buscaban recomponer los presupuestos universitarios y garantizar recursos para hospitales pediátricos. Según el Gobierno, los vetos responden a la necesidad de mantener el “déficit cero” y la consistencia fiscal. Sin embargo, gremios docentes, rectores y trabajadores de la salud denuncian que estas medidas ponen en riesgo la continuidad de la educación superior y la atención médica infantil.

Desde diciembre de 2023, el presupuesto de las universidades públicas ha sufrido una caída real del 30%, mientras que los salarios docentes perdieron un 40% de su poder adquisitivo. La Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Hospital Garrahan han anunciado planes de emergencia para sostener sus actividades, advirtiendo sobre posibles paralizaciones y renuncias masivas de personal.

El Consejo Interuniversitario Nacional y el CONICET Córdoba han expresado su preocupación por el impacto del veto en el desarrollo científico y tecnológico del país. “Sin universidades fortalecidas, la ciencia carece de las condiciones necesarias para avanzar”, advirtió el CONICET.

El próximo miércoles, la Cámara de Diputados debatirá la posibilidad de rechazar los vetos presidenciales, una decisión que requiere una mayoría especial. Mientras tanto, sindicatos y organizaciones estudiantiles preparan una marcha federal que promete ser masiva. El Gobierno, por su parte, ha respondido con una denuncia judicial contra las autoridades de la UBA por manifestarse públicamente contra el veto.

El clima social y político se mantiene tenso, con sectores educativos y de salud reclamando la protección de derechos fundamentales y el Gobierno defendiendo su programa de ajuste fiscal. El desenlace de este conflicto podría marcar el rumbo de la educación y la ciencia en Argentina en los próximos años.