La megacausa por el mayor fraude inmobiliario de San Juan dio un giro decisivo tras la liberación de Héctor Andrés Storniolo, principal imputado, quien recuperó la libertad el 30 de noviembre luego de 13 meses de detención. Storniolo, acusado junto a otros nueve imputados de liderar una red de estafas en la venta de terrenos y viviendas, salió de prisión preventiva tras ofrecer como caución real un inmueble perteneciente a sus suegros, ubicado en el mismo predio donde cumplía arresto domiciliario.

La investigación, a cargo de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, abarca 19 barrios y loteos en distintos departamentos de San Juan, entre ellos Rivadavia, Pocito, Zonda, Albardón, Rawson y Santa Lucía. Según el expediente judicial, los imputados operaban a través de diversas empresas, como Casa Noble SRL, Tramonto SA y Portalba SA, para comercializar propiedades que nunca se concretaron. El perjuicio económico supera los 2.700 millones de pesos y las denuncias ya superan las 600, con nuevos casos reportados a diario.

El juez Gerardo Fernández Caussi resolvió conceder la libertad a Storniolo tras considerar que no existía riesgo de fuga, valorando su arraigo familiar y la garantía ofrecida. "La defensa ofreció como garantía el departamento de los suegros del imputado", consta en la resolución. La Fiscalía, sin embargo, había solicitado extender la prisión preventiva por seis meses más, argumentando la gravedad de los hechos y la continuidad de las denuncias.

Para proteger a las víctimas y garantizar una eventual reparación, la Justicia mantiene vigentes inhibiciones generales, anotaciones en el Registro Inmobiliario y prohibiciones de innovar sobre los bienes de los imputados. Además, Storniolo deberá cumplir estrictas condiciones: no podrá salir de la provincia ni del país, deberá presentarse ante cada requerimiento judicial y tiene prohibido comunicarse con las víctimas.

El caso, considerado el mayor fraude inmobiliario en la historia de la provincia, sigue en etapa de instrucción, con la expectativa de nuevas imputaciones y medidas para evitar que se sigan comercializando lotes bajo sospecha. El Ministerio Público Fiscal advirtió sobre intentos previos de ofrecer garantías no válidas, lo que generó preocupación por la protección de los bienes involucrados. El proceso penal continúa, mientras la Justicia busca resguardar los derechos de los damnificados y evitar nuevas estafas en el mercado inmobiliario local.