La Municipalidad de Córdoba y la Cooperativa Horizonte han alcanzado un acuerdo definitivo para resolver el conflicto judicial que mantenían sobre la ejecución y financiamiento de obras de agua potable en desarrollos urbanísticos de la ciudad. El entendimiento se logró en el ámbito de diálogo habilitado por la Fiscalía de Instrucción del Distrito III, Turno 6, bajo la dirección del fiscal Iván Rodríguez, y fue formalizado mediante la firma de un Acuerdo Transaccional entre el intendente Daniel Passerini y las autoridades de la cooperativa.

El conflicto, que se había judicializado en mayo de este año, surgió cuando la Cooperativa Horizonte denunció que la Municipalidad de Córdoba les exigía el pago de las obras de ampliación de la red de agua potable en siete barrios creados bajo la modalidad de vivienda social. La controversia adquirió relevancia internacional luego de que la Organización de las Naciones Unidas expresara su apoyo al reclamo de la cooperativa, subrayando el derecho fundamental al acceso al agua potable.

Según informaron las fuentes judiciales, el Ministerio Público Fiscal gestionó el caso con un enfoque de derechos humanos, orientado a la comunidad y procurando la conciliación positiva de los distintos intereses en aras de la paz social. "La solución consensuada busca garantizar la paz social y cerrar la instancia penal", destacaron desde el organismo judicial.

El acuerdo contempla la totalidad de los puntos que habían sido objeto de investigación y compromete a ambas partes a suscribir un nuevo documento que establecerá un marco de referencia para futuros desarrollos habitacionales. De este modo, se busca prevenir la repetición de conflictos similares y asegurar condiciones adecuadas para el acceso a servicios esenciales en los próximos proyectos urbanísticos.

Las partes involucradas resaltaron la importancia de la cooperación institucional y el compromiso asumido para garantizar el abastecimiento de agua potable en los barrios afectados. El caso pone de manifiesto la relevancia social del acceso al agua y la necesidad de soluciones integrales que contemplen los derechos de los sectores más vulnerables de la ciudad de Córdoba.

El acuerdo alcanzado no solo resuelve el conflicto actual, sino que sienta las bases para una gestión más colaborativa y orientada a los derechos humanos en el desarrollo urbano de la ciudad. Se espera que la experiencia sirva de referencia para futuras negociaciones entre organismos públicos y entidades sociales, en pos de garantizar servicios esenciales y promover la paz social.