La Justicia argentina analiza la apertura de una investigación contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por el presunto uso irregular de custodia policial para su esposa, Bettina Angeletti. La causa se originó a partir de una denuncia presentada por el diputado nacional Rodolfo Tailhade, quien sostiene que Angeletti no cuenta con legitimidad ni autorización legal para recibir protección oficial de la Policía Federal Argentina.

El episodio tuvo su punto de partida el 29 de abril, cuando Adorni acudió al Congreso para brindar su informe de gestión. Durante la sesión, Tailhade detalló públicamente los movimientos de la esposa del funcionario, incluyendo lugares que frecuentaba y la presencia de custodia policial en actividades personales. Esta exposición generó la reacción inmediata de Adorni, quien consideró que la información revelada ponía en riesgo la seguridad de su familia y cuestionó la procedencia de los datos.

En respuesta, el Ministerio de Seguridad denunció a Tailhade por presunto espionaje ilegal, argumentando que el nivel de detalle sobre la vida privada del jefe de Gabinete y su familia podría comprometer la seguridad nacional. Sin embargo, la fiscal Paloma Ochoa declinó investigar a Tailhade por cuestiones de competencia, ya que existía una causa previa en otra fiscalía. En un giro inesperado, Ochoa aceptó impulsar la denuncia de Tailhade contra Adorni, solicitando que se investigue si hubo abuso de autoridad y malversación de fondos públicos en la asignación de custodia oficial a Angeletti.

La jueza María Eugenia Capuchetti, a cargo del Juzgado Federal N° 5, deberá decidir en los próximos días si desestima la denuncia o si abre una nueva causa contra el jefe de Gabinete. El caso se desarrolla en un contexto de alta tensión política, con denuncias cruzadas entre oficialismo y oposición, y pone en debate el uso de recursos estatales para la protección de familiares de funcionarios públicos.

Mientras tanto, las partes involucradas mantienen posturas enfrentadas: el Ministerio de Seguridad insiste en la gravedad de un posible espionaje, mientras que Tailhade defiende la necesidad de investigar el uso de fondos públicos. Adorni, por su parte, advierte sobre los riesgos de exponer información personal de su familia. El desenlace de la causa podría sentar un precedente sobre los límites y responsabilidades en la protección de funcionarios y sus allegados en la Argentina.