En la antesala de las elecciones legislativas de octubre, el gobierno de Javier Milei enfrenta una crisis financiera que pone a prueba la solidez de su programa económico. El miércoles pasado, el Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, intentó renovar deuda por $15 billones, pero solo logró un 60-64% de rollover, dejando a los bancos con una liquidez excedente que el gobierno rápidamente restringió mediante el aumento de los encajes bancarios. Esta medida, de corte intervencionista, busca evitar que los pesos se vuelquen al dólar y así contener la inflación, que en las primeras semanas de agosto mostró aumentos significativos en alimentos, con subas semanales del 2% según consultoras como LCG y Eco Go.

La reacción del sector financiero fue inmediata y crítica. Los bancos, tanto locales como internacionales, expresaron su desconfianza en el modelo económico, señalando que las altas tasas de interés —que superan el 70% anual, muy por encima de la inflación proyectada— no logran compensar la falta de credibilidad y previsibilidad. El fracaso en la renovación de deuda y la posterior inmovilización de fondos generaron tensiones inéditas entre el gobierno y el sistema financiero, con reuniones de urgencia y declaraciones cruzadas que evidencian el malestar.

En paralelo, la actividad industrial permanece estancada, con niveles 10 puntos por debajo del pico de junio de 2023, y el consumo se ve afectado por la caída del poder adquisitivo. El gobierno, sin embargo, mantiene su prioridad en la estabilidad cambiaria y la contención de la inflación, incluso a costa de la recesión y el deterioro del crédito. Las medidas adoptadas, como la eliminación de las letras Lefi y el ajuste de los encajes, han sido interpretadas por analistas y actores del mercado como una contradicción con el discurso libertario y una señal de debilidad estructural.

El trasfondo político y electoral añade presión al equipo económico, que enfrenta críticas tanto desde el sector privado como desde organismos públicos y gremios. La sostenibilidad del modelo y la posibilidad de una crisis mayor tras las elecciones son temas recurrentes en el debate público, mientras el gobierno apuesta a que la estabilidad cambiaria le permita llegar a octubre sin sobresaltos. El desenlace de esta pulseada entre el Estado y los bancos será clave para el futuro económico y político del país.