El conflicto por el financiamiento universitario en Argentina sumó un nuevo capítulo tras la denuncia judicial presentada por Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, contra el rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi. La denuncia, motivada por el bloqueo de las páginas web universitarias en protesta contra el veto presidencial a la ley de financiamiento, generó un fuerte repudio en la comunidad académica y abrió el debate sobre la legitimidad de los funcionarios involucrados.

Guillermo Durán, decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, cuestionó públicamente la trayectoria académica de Álvarez y del vocero presidencial, Manuel Adorni. "Álvarez hizo mucho tiempo política en la facultad de Ciencias Sociales y no aprobó ni una materia. Está en los registros. No pasó ni siquiera el Ciclo Básico Común. Después nos hablan de meritocracia. Hace como 20 años que vive de la política", afirmó Durán en una entrevista. Sobre Adorni, agregó: "El vocero presidencial estuvo 10 años en la UNLP y creo que macroeconomía la tuvo que cursar seis veces. ¿Cómo nos hablan de meritocracia y de los méritos para trabajar en el Estado?".

El Consejo Directivo de Exactas repudió las amenazas de Álvarez hacia el secretario de Hacienda de la UBA, Matías Ruiz, y denunció una política de amedrentamiento sistemático por parte del gobierno nacional hacia autoridades y trabajadores universitarios. "La denuncia judicial presentada por Álvarez contra el rector de la UBA también constituye un claro ataque a la autonomía que intenta disciplinar a las autoridades universitarias", expresaron en una resolución.

En paralelo, el debate sobre los salarios universitarios se intensificó. El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, "gana más que cualquier ministro", lo que fue desmentido por el propio Yacobitti, quien mostró su recibo de sueldo y calificó la acusación de falsa.

El ajuste presupuestario proyectado para 2025 implica una reducción del 21% respecto a 2023, mientras que los salarios docentes y no docentes han perdido un 29% de poder adquisitivo desde la asunción del actual gobierno. La comunidad universitaria respondió con movilizaciones y un "abrazo simbólico" en la Facultad de Exactas, en defensa de la educación pública y contra el desfinanciamiento.

El conflicto pone en evidencia la tensión entre el gobierno nacional y las universidades públicas, en un contexto de crisis presupuestaria y cuestionamientos sobre la meritocracia y la gestión de los funcionarios. Las implicaciones futuras apuntan a una profundización del debate sobre la autonomía universitaria y el financiamiento estatal, mientras la comunidad académica exige respeto y garantías para el sistema educativo.