Un empleado municipal de Concordia, Entre Ríos, fue despedido tras acumular más de 50 inasistencias injustificadas en menos de dos meses, según confirmaron fuentes oficiales y medios nacionales. Gustavo Gutiérrez, quien se desempeñaba en la Dirección de Higiene Urbana, fue objeto de una investigación administrativa luego de que se detectara que, durante su horario laboral, atendía una peluquería en pleno centro de la ciudad.

La División Unidad de Control de la Dirección de Recursos Humanos inició el sumario tras recibir denuncias y realizar controles internos. El intendente Francisco Azcue explicó que la medida responde a una política de fortalecimiento de los controles y uso responsable de los recursos públicos. “No habrá tolerancia frente a situaciones que impliquen un incumplimiento de las obligaciones de los agentes municipales o un perjuicio para los vecinos que sostienen el funcionamiento del Estado con el pago de sus impuestos”, afirmó Azcue en declaraciones a la prensa.

La investigación determinó que Gutiérrez acumuló 50 faltas injustificadas entre el 11 de abril y el 2 de junio de 2025. Durante ese período, fue visto y admitió ante clientes que debía estar cumpliendo funciones en la Municipalidad. La sanción aplicada fue la cesantía, la más grave contemplada en el régimen disciplinario municipal.

Sin embargo, la defensa del empleado, encabezada por la abogada Cielo Petit, denunció que el caso está judicializado y que la versión oficial es “parcial, sesgada e interesada”. Petit sostuvo que Gutiérrez es víctima de persecución política y que no se consideraron pruebas ni certificados médicos presentados por la defensa. Además, vinculó el despido con una política de reducción de personal y discriminación hacia empleados identificados con el peronismo.

El caso se suma a otros episodios recientes de control y sanción en la administración municipal, en un contexto de auditorías y denuncias por irregularidades en gestiones anteriores. Mientras la Municipalidad sostiene que busca optimizar recursos y garantizar transparencia, la defensa del trabajador insiste en que la resolución será discutida en sede judicial, abriendo un debate sobre los límites y garantías en los procesos administrativos y laborales del sector público.