La Justicia argentina realizó este viernes allanamientos en las sedes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ubicadas en la calle Viamonte, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en Ezeiza, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero y evasión fiscal. Los operativos, ordenados por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, buscaron documentación relacionada con contratos firmados entre la AFA y la empresa TourProdEnter, así como información contable vinculada a la compra de una mansión en Pilar valuada en más de 17 millones de dólares.

Según fuentes judiciales, la investigación apunta a determinar si la firma Real Central SRL, titular de la propiedad, actuó como pantalla para ocultar a los verdaderos beneficiarios, presuntamente dirigentes de la AFA. Además, se sospecha que, entre 2021 y 2025, una red internacional de intermediarios financieros canalizó más de 300 millones de dólares fuera del circuito bancario argentino, en operaciones vinculadas a la entidad.

En paralelo, la AFA enfrenta una causa por evasión de 19.000 millones de pesos en aportes patronales, iniciada por una denuncia de la ARCA. El fiscal Gabriel Gómez Barberá se opuso al cierre de la causa, argumentando que la retención de fondos de empleados no desaparece por una "tregua administrativa". La decisión final sobre el procesamiento de los acusados está en manos de la Cámara en lo Penal Económico.

La disputa judicial también involucra la competencia del caso, ya que tanto el juzgado federal de Campana como el penal económico de CABA reclaman la investigación. La Cámara Federal de Casación Penal admitió el recurso de queja de la fiscalía y fijó una audiencia para el 30 de marzo, donde se definirá la jurisdicción.

Por su parte, la AFA negó que se haya producido un allanamiento y sostuvo que solo se trató de una requisitoria de documentación. Además, solicitó responsabilidad en el tratamiento de la información para evitar confusión en la opinión pública.

El caso ha generado repercusiones políticas y judiciales, con la designación de veedores para analizar los balances de la AFA y la intervención de organismos de control. El fallo de Casación podría tener consecuencias significativas para la dirigencia del fútbol argentino y la relación entre la entidad y el Estado.