El gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, ha puesto en marcha una iniciativa para modificar la Ley de Glaciares, con el objetivo de destrabar inversiones mineras y devolver autonomía a las provincias. La discusión, que se ha instalado en el centro de la agenda político-minera, enfrenta posiciones encontradas entre los actores involucrados.

La propuesta oficial contempla dos caminos: avanzar con un decreto reglamentario que otorgue a las provincias la facultad de definir qué es un glaciar y qué es un área periglacial, o impulsar una ley aclaratoria en el Congreso que brinde mayor seguridad jurídica. El presidente Milei ha sido enfático en su postura: “Esta ley es para devolverle el federalismo a las provincias y que cada una determine cuál es la zona periglaciar. Eso será muy importante para la economía”, afirmó recientemente.

Provincias mineras como San Juan, Mendoza, Salta, Jujuy y Catamarca han manifestado su apoyo a la reforma, argumentando que la falta de definiciones claras y la superposición de competencias han paralizado inversiones millonarias y la generación de empleo. San Juan, que concentra la mayor cantidad de glaciares y proyectos mineros en el país, reclama una solución urgente para brindar certidumbre a los inversores. Según el ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández, “los cuatro proyectos de cobre en la provincia podrían generar, entre 2026 y 2031, inversiones por US$30.000 millones y unos 40.000 empleos directos”.

Por su parte, el sector empresarial coincide en la necesidad de seguridad jurídica y definiciones precisas para avanzar con proyectos como El Pachón y Vicuña, que actualmente enfrentan trabas por la definición legal de glaciar. “Nadie va a comprometer inversiones de magnitud sin saber qué es un glaciar, qué es ambiente periglacial o cuál es su alcance”, señaló Ignacio Celorrio, vicepresidente de Lithium Argentina.

Sin embargo, la iniciativa ha despertado el rechazo de organizaciones ambientalistas y parte de la comunidad científica, que advierten sobre el riesgo de reducir las áreas protegidas y el impacto en el agua. Greenpeace calificó el intento de modificar la ley como “un ataque directo al agua de los argentinos”. El debate también ha sido abordado por la Corte Suprema, que sostiene la necesidad de coordinación federal y la protección ambiental como derecho constitucional.

El gobierno planea presentar la normativa en sesiones extraordinarias del Congreso, buscando consenso político y técnico para avanzar. La decisión que se tome en las próximas semanas será clave no solo para el futuro de la minería argentina, sino también para la capacidad del país de insertarse en la economía verde global. El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que “en muy pocos años la balanza energética y minera va a ser el doble de lo que es hoy el agro”, anticipando un impacto económico significativo.