La muerte de Ángel López, un niño de cuatro años en Comodoro Rivadavia, ha generado conmoción y un fuerte reclamo de justicia en la sociedad argentina. El menor falleció tras recibir al menos 22 golpes en la cabeza, según los resultados de la autopsia, en un caso que la fiscalía investiga como presunto homicidio agravado y maltrato infantil sistemático.

De acuerdo con la investigación, Ángel vivía desde noviembre bajo la custodia de su madre biológica, Mariela Altamirano, y la pareja de esta, Maicol González, luego de que la Justicia de familia le otorgara la tenencia tras denuncias cruzadas entre los padres. El padre biológico, Luis López, y su entorno, sostienen que el niño no tenía vínculo con su madre y que el cambio de custodia fue perjudicial. "Mi hijo no la conocía, no sabía ni quién era", declaró el padre, quien además responsabilizó a la Justicia por no haber investigado a fondo antes de tomar la decisión.

El informe forense determinó que Ángel presentaba múltiples traumatismos internos en la cabeza, sin marcas externas visibles, lo que dificulta precisar el mecanismo de las lesiones. Los hechos que derivaron en la muerte habrían ocurrido entre el 2 y el 5 de abril, antes de la intervención policial y médica. La fiscalía sostiene como principal hipótesis que el niño fue víctima de violencia en un contexto compatible con el "síndrome del niño maltratado".

Tras conocerse los resultados de la autopsia, la madre y su pareja fueron detenidos y serán formalmente acusados en una audiencia prevista para este martes. El padre y su abogado, Roberto Castillo, han denunciado además que los acusados intentaron destruir pruebas quemando ropa del menor y han anunciado acciones legales contra funcionarios judiciales por presunto incumplimiento de deberes.

El caso ha reavivado el debate sobre la eficacia de los sistemas de protección infantil y la actuación de la Justicia en casos de violencia familiar. El entorno escolar de Ángel también advirtió un cambio negativo en su comportamiento tras el cambio de custodia. Sectores sociales y mediáticos exigen reformas en los protocolos de custodia y mayor rigor en la protección de menores para evitar tragedias similares en el futuro.