El gobierno de Javier Milei atraviesa una de sus crisis políticas más profundas tras el escándalo que involucra a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La controversia estalló cuando Adorni admitió públicamente haber evadido impuestos durante años y haberse beneficiado del régimen de Inocencia Fiscal, una medida impulsada por el propio oficialismo que flexibiliza los controles sobre grandes patrimonios y limita la capacidad estatal de fiscalización.

La reacción política no se hizo esperar. Tanto desde la oposición como desde sectores aliados, se multiplicaron los pedidos de renuncia y las críticas a la permanencia de Adorni en el cargo. El PRO, principal socio parlamentario, emitió comunicados exigiendo al presidente Milei que priorice la defensa del cambio por sobre la protección de funcionarios cuestionados. La presión interna se intensificó tras la justificación pública de Adorni sobre su patrimonio, que incluyó la admisión de ahorros no declarados en criptomonedas y la utilización de beneficios fiscales diseñados para regularizar situaciones impositivas.

En paralelo, el gobierno continúa con su agenda de reformas económicas, caracterizada por la reducción de impuestos, la promoción de grandes inversiones a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y la desregulación de sectores estratégicos. Si bien la economía muestra algunos indicadores positivos, como la baja de la inflación y del riesgo país, persisten señales de alarma: la caída del empleo formal, el retroceso de la actividad industrial y el aumento de la desigualdad social.

La aprobación de la Ley de Lobby y la flexibilización de los controles fiscales han generado preocupación en organizaciones de la sociedad civil, que advierten sobre el debilitamiento de la transparencia y la participación ciudadana. "Esta ley está mal diseñada, o algo peor: busca control estatal sobre la sociedad civil y muy especialmente sobre los legisladores", advirtió Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano.

Encuestas recientes reflejan el impacto de la crisis en la imagen del gobierno: la aprobación presidencial cayó al 35%, mientras que la desaprobación alcanzó el 61%. Analistas advierten que el "efecto Adorni" podría tener consecuencias reputacionales de largo plazo, dificultando la capitalización política de eventuales logros económicos.

En este contexto, el oficialismo enfrenta el desafío de sostener su programa económico y político en medio de crecientes tensiones internas, presión opositora y un clima social marcado por la desconfianza y la demanda de mayor transparencia.