El paro universitario nacional comenzó este lunes 16 de marzo, afectando a universidades públicas como la Universidad Nacional de Rosario (UNR), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), así como a sus escuelas preuniversitarias. La medida, impulsada por gremios docentes y no docentes, busca visibilizar la crisis presupuestaria del sector y exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La huelga, que se extenderá hasta el sábado 21 de marzo, fue ratificada por sindicatos como Coad, Apur, CONADU y ADULP. Los gremios advierten que la situación salarial es crítica: según datos de Chequeado.com, el poder adquisitivo de los salarios docentes universitarios cayó un 34% en términos reales desde noviembre de 2023. Además, el presupuesto destinado al funcionamiento de las universidades nacionales sufrió una contracción del 28,9% en términos reales entre 2023 y 2025, lo que afecta la operatividad de laboratorios, bibliotecas y servicios estudiantiles.

El conflicto surge tras el fracaso de las instancias de negociación con el Gobierno nacional y la falta de aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario. El Gobierno presentó un nuevo proyecto de ley que propone aumentos salariales escalonados, pero elimina la garantía de actualización según la inflación, lo que fue rechazado por los gremios. "Nos sobra vocación, pero nos falta llegar a fin de mes", expresaron docentes universitarios.

La medida de fuerza incluye actividades de protesta como clases públicas, ollas populares y charlas debate en plazas, con el objetivo de involucrar a la comunidad estudiantil. Padres de colegios preuniversitarios manifestaron su preocupación por la pérdida de días de clase, recordando que en 2025 se perdieron más de 30 días por paros escalonados.

El paro afecta la docencia, la investigación y las tareas de extensión universitaria. Los rectores, agrupados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), han manifestado su preocupación, alertando que la continuidad del primer cuatrimestre está seriamente comprometida. Se prevén nuevas medidas de fuerza y una Marcha Federal Universitaria para el 23 de abril.

En este contexto, la comunidad educativa espera una solución política que permita destrabar el conflicto y garantizar el funcionamiento del sistema universitario público, considerado clave para la movilidad social y la formación profesional en Argentina.