El tercer intento de cerrar la causa penal del caso $LIBRA en Argentina fracasó en las últimas semanas, según confirmaron fuentes oficiales y privadas. El abogado Fernando Burlando, quien representa a un grupo de inversores afectados, buscó negociar una reparación integral del daño patrimonial para extinguir la acción penal sin condenas, pero su propuesta no prosperó debido a obstáculos legales y falta de consenso entre las partes involucradas.

Burlando recorrió los tribunales federales de Comodoro Py y mantuvo contactos con actores del poder judicial y político, intentando allanar el camino para una indemnización a los damnificados. Sin embargo, el fiscal federal Eduardo Taiano se negó a recibirlo, lo que desbarató la estrategia antes de que pudiera completarse. "Fuimos a consultar al fiscal y ni nos atendió", admitió Burlando a sus allegados.

El caso, que estalló en febrero de 2025 y causó pérdidas superiores a los US$250 millones, tiene como imputados al presidente Javier Milei, su hermana Karina, Hayden Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, entre otros. La legislación argentina impide cerrar causas penales mediante reparación económica cuando hay funcionarios públicos involucrados, lo que representa un obstáculo insalvable para la propuesta de Burlando.

La defensa de Hayden Davis sostiene que no existió fraude y rechaza la necesidad de resarcimiento a los inversores. Por su parte, Burlando considera que los acusados subestiman la gravedad del caso y advierte sobre posibles consecuencias políticas: "Si pierden las elecciones de 2027 por este tema, van todos presos".

Intentos previos de acuerdo, como el depósito de US$100 millones en una cuenta judicial o mediaciones civiles entre las partes, también fracasaron. Un problema recurrente es el "fronting": ninguna de las partes quiere asumir formalmente la responsabilidad de la reparación ante la Justicia y los inversores.

El caso $LIBRA sigue abierto y sin una solución a la vista, mientras crecen las tensiones entre los actores judiciales, políticos y los damnificados. El desenlace de la causa podría tener implicancias políticas de cara a las próximas elecciones y marcar un precedente en la resolución de delitos económicos con funcionarios públicos involucrados.