El gobierno de la provincia de Buenos Aires ha iniciado una investigación formal contra Mercado Libre, la mayor plataforma de comercio electrónico del país, por la presunta inclusión de cláusulas abusivas en sus contratos de adhesión con usuarios. La Dirección de Defensa de los Consumidores y Usuarios, dependiente del Ministerio de Producción bonaerense, imputó a la empresa tras recibir cerca de 2.400 denuncias en el primer cuatrimestre de 2026, lo que la convierte en la compañía con más reclamos en la provincia.

Según el expediente, se identificaron al menos diez cláusulas que podrían vulnerar derechos de los consumidores, entre ellas la posibilidad de modificar unilateralmente los términos y condiciones, la imposición de cargos no informados previamente, la exención de responsabilidad ante hackeos de cuentas y la obligación de litigar exclusivamente en tribunales porteños. El ministro de Producción, Augusto Costa, explicó que la investigación se inició de oficio y que la medida busca corregir desequilibrios en la relación entre grandes plataformas y usuarios.

Mercado Libre fue notificada y dispone de cinco días para presentar su descargo y proponer modificaciones a las cláusulas objetadas. De no hacerlo, podría enfrentar una multa de hasta $1.815 millones, según lo informado por el Ministerio de Producción. La empresa, por su parte, rechazó las acusaciones y aseguró que presentará toda la información necesaria en tiempo y forma, destacando que el nivel de reclamos es bajo en relación al volumen de operaciones que procesa diariamente.

El caso se produce en un contexto de tensiones políticas, ya que el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, ha manifestado públicamente su apoyo al gobierno nacional de Javier Milei. Sin embargo, tanto desde la empresa como desde el gobierno bonaerense se esforzaron por restar importancia a la dimensión política del conflicto. "Esto no tiene ninguna motivación política, no tiene un espíritu anti-empresa", afirmó Costa, quien recordó que acciones similares se han tomado contra otras plataformas como Rappi y Netflix.

La investigación a Mercado Libre se inscribe en una serie de intervenciones previas del gobierno provincial sobre grandes empresas tecnológicas, con el objetivo de proteger los derechos de los consumidores frente a prácticas contractuales consideradas desiguales. El desenlace del caso podría sentar un precedente relevante para la regulación de plataformas digitales en Argentina.