El gobierno de la provincia de Neuquén, bajo la gestión de Rolando Figueroa, ha intensificado su política de "tolerancia cero" frente a la inconducta y delitos cometidos por agentes estatales y miembros de la fuerza policial. En los últimos días, se han confirmado despidos y exoneraciones de varios empleados públicos y policías, tras la comprobación de faltas graves como la presentación de certificados médicos falsos y condenas por abuso sexual.

Entre los casos más relevantes se encuentra la exoneración de Humberto Oscar Suárez, oficial principal del cuerpo penitenciario provincial, quien fue condenado por abuso sexual simple en perjuicio de tres menores. La sanción administrativa se concretó apenas tres meses después de la solicitud de destitución por parte de la Jefatura de Policía, y la exoneración implica la pérdida total de derechos, incluidos los haberes de retiro. "La exoneración supone la separación definitiva e irrevocable de la Institución, con la pérdida de todos los derechos inherentes", señala el decreto provincial.

Asimismo, otros efectivos policiales fueron cesanteados por la acumulación de sanciones disciplinarias y la presentación de certificados médicos adulterados. Claudio Andrés Zúñiga, ex cabo, acumuló 75 días de arresto policial en menos de un año, superando ampliamente lo permitido por el régimen disciplinario. Jonatán David Pérez, ex agente, fue destituido tras detectarse irregularidades en la documentación médica presentada para justificar ausencias laborales, lo que derivó en una causa judicial por falsedad de certificado médico.

En el ámbito civil, también se registraron despidos en el Ministerio de Salud y el Centro de Monitoreo Urbano, donde se comprobó la presentación de certificados médicos falsos y faltas reiteradas. En estos casos, el gobierno provincial inició mecanismos para recuperar las sumas cobradas indebidamente y, de ser necesario, recurrir a la Fiscalía de Estado.

Estas medidas disciplinarias se enmarcan en la estrategia de depuración y fortalecimiento institucional impulsada por el Ejecutivo neuquino desde diciembre de 2023. El gobierno ha destacado la importancia de expulsar a quienes no cumplen con la ética y disciplina requeridas, subrayando que la política de "tolerancia cero" busca garantizar la transparencia y la confianza en las instituciones públicas. La sociedad neuquina sigue de cerca el impacto de estas acciones en la seguridad y el funcionamiento de la administración provincial.