El Gobierno nacional oficializó la transferencia de 1.871 kilómetros de rutas nacionales y autopistas a empresas privadas, en el marco de la Red Federal de Concesiones. Desde el 1 de julio, los corredores denominados Tramo Pampa y Sur-Atlántico-Acceso Sur serán gestionados, operados y mantenidos por los consorcios CORREDOR VIAL 5 S.A.U. y RUTAS SUR ATLÁNTICO S.A., respectivamente, bajo contratos de 20 años de duración.

La medida implica que las empresas privadas asuman la totalidad de la inversión y el mantenimiento de los corredores, sin aportes ni subsidios estatales. El Tramo Pampa comprende 546,65 kilómetros de la Ruta Nacional 5, entre Luján (Buenos Aires) y el empalme con la Ruta Nacional 35 en La Pampa. Por su parte, el Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur abarca 1.325,17 kilómetros de las rutas nacionales 3, 205 y 226, así como las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery.

Las tarifas de peaje ganadoras en la licitación fueron de $2.355,37 para el Tramo Pampa y $997 para el Tramo Sur-Atlántico, ambos valores sin IVA. Sin embargo, estas tarifas solo podrán aplicarse una vez que las empresas cumplan con las condiciones contractuales de mejora de las trazas. Mientras tanto, se mantendrán las tarifas actuales, ajustadas por el índice de precios al consumidor.

El traspaso de la gestión vial generó diversas reacciones. El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió la medida como un paso hacia la eficiencia y la modernización de la infraestructura, destacando la importancia de la inversión privada. No obstante, la decisión provocó el rechazo de organizaciones de usuarios y vecinos, preocupados por el aumento de peajes y la duplicación de estaciones de cobro, así como por los despidos en la empresa estatal Corredores Viales.

El nuevo esquema de concesiones forma parte de un plan más amplio que busca transferir más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales a la gestión privada, reemplazando modelos anteriores que requerían subsidios estatales. El Gobierno sostiene que este modelo permitirá una mejor planificación de inversiones y una mayor previsibilidad para las empresas, mientras que sectores críticos advierten sobre el impacto en los costos de transporte y la pérdida de empleos estatales. El debate sobre la conveniencia y las consecuencias de la medida continúa abierto, en un contexto de reformas estructurales en la gestión de la infraestructura pública.