El Gobierno de Tucumán y los principales gremios de la salud pública provincial alcanzaron un acuerdo salarial que contempla un incremento del 11% en los haberes básicos de los trabajadores del sector. El convenio, firmado en presencia del vicegobernador Miguel Acevedo y representantes sindicales de ATSA, SITAS, ATE Salud y UPCN Salud, incluye además una cláusula de actualización automática que ajustará los salarios cada tres meses de acuerdo al índice de inflación.

El acuerdo, que beneficia a unos 23.000 empleados del sistema sanitario, también incorpora mejoras en adicionales como la carga sanitaria, libres disponibilidades, pago de zona y suplementos de riesgo. Asimismo, se avanzó en la ley de carrera sanitaria, permitiendo que el personal con mayor antigüedad acceda a mejores condiciones, y se acordó el pase a planta permanente para trabajadores transitorios y reemplazantes.

Durante el acto de firma, las autoridades provinciales destacaron el esfuerzo fiscal realizado para garantizar la continuidad de los servicios esenciales en un contexto de recesión y caída de la coparticipación nacional. El vicegobernador Acevedo subrayó que "cada una de las actas tiene un compromiso de variación y actualización automática en función de los índices y de los ingresos que tenga la provincia". Por su parte, el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, aseguró que "el ajuste nunca va a pasar por el trabajador" y que se continuará con los pases a planta permanente.

Los representantes gremiales valoraron el avance en la recomposición salarial, aunque señalaron que aún quedan demandas pendientes, especialmente en lo relativo a la carrera sanitaria y la estabilidad laboral. "Nos queda aún luchar por ese 40% restante", expresó Julián Nassif, secretario general de SITAS, en referencia a la carga sanitaria. Además, se acordó la actualización de beneficios sociales como la ayuda escolar y las asignaciones familiares.

El acuerdo se inscribe en una serie de recomposiciones salariales implementadas por la provincia en los últimos dos años, en un contexto de restricciones presupuestarias y paralización de proyectos nacionales. Las partes coincidieron en la necesidad de mantener el diálogo abierto para continuar mejorando las condiciones laborales del sector salud y garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos.