El Gobierno Nacional y la Ciudad de Buenos Aires firmaron un acuerdo histórico para transferir competencias penales, especialmente en materia juvenil, a la justicia porteña. El convenio, rubricado por los ministros de Justicia Juan Bautista Mahiques y Gabino Tapia, representa el cuarto avance en la transferencia progresiva de funciones judiciales desde la órbita nacional hacia la capital, en línea con los mandatos de la reforma constitucional de 1994.

La medida establece que la justicia de la Ciudad asumirá de forma exclusiva la investigación y juzgamiento de delitos cometidos por adolescentes de entre 14 y 18 años, así como la adopción de medidas de protección para menores de 14 años involucrados en hechos tipificados como delitos. Además, en casos donde haya menores y adultos involucrados en el mismo hecho, la justicia porteña tendrá competencia para evitar la fragmentación de la investigación.

El acuerdo también transfiere a la Ciudad la competencia sobre delitos contra el honor, la integridad sexual, la libertad, la propiedad intelectual, la seguridad del tránsito y la protección de la fauna. "Trabajamos desde el primer día de gestión en cumplir la Constitución. Se le están transfiriendo a la Ciudad las competencias judiciales que le corresponden y que, 30 años después de nuestra autonomía, seguía administrando la Nación", afirmó el ministro Tapia.

La entrada en vigencia del convenio está supeditada a la ratificación por parte del Congreso Nacional y la Legislatura porteña, así como a la posterior transferencia de recursos necesarios para su implementación. El presidente Javier Milei oficializó la medida mediante el decreto 547/2026, delegando en el Ministerio de Justicia la facultad de negociar y firmar estos acuerdos.

El proceso de transferencia de competencias judiciales ha sido gradual y no exento de controversias, como lo demuestra la resistencia en el fuero laboral nacional. Sin embargo, el gobierno porteño considera este paso como un hito en la consolidación de la autonomía local y una política central de la actual gestión. Se espera que la medida acerque la justicia a los ciudadanos y mejore la eficiencia del sistema judicial en la Ciudad de Buenos Aires.