Federico "Fred" Machado, empresario argentino acusado de narcotráfico, lavado de dinero y fraude, fue detenido en Viedma, Río Negro, tras la confirmación de su extradición a Estados Unidos. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó el fallo del juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva, que en 2022 había declarado procedente la extradición para que Machado sea juzgado por un tribunal de Texas. El gobierno de Javier Milei instruyó a la Cancillería y otros organismos a cumplir de inmediato con los pasos administrativos y diplomáticos necesarios para concretar la entrega.

Machado, vinculado políticamente a José Luis Espert, cumplía prisión domiciliaria en la residencia de su madre por razones de salud. Su detención se produjo en medio de un allanamiento realizado por la Policía Federal, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero que involucra a Espert, quien reconoció haber recibido 200 mil dólares de Machado. El fiscal federal Federico Domínguez imputó a Espert tras la denuncia presentada por Juan Grabois, que sostiene que los fondos provienen de una organización criminal investigada en Estados Unidos.

La extradición está regulada por la Ley 24.767 y el tratado bilateral entre Argentina y Estados Unidos. La Corte Suprema estableció que el tiempo que Machado estuvo detenido en Argentina debe ser computado en la causa penal estadounidense. Además, se exigió que se respeten las condiciones de salud y derechos humanos del acusado, en línea con la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención contra la Tortura.

El caso ha generado repercusiones políticas, especialmente por el vínculo de Machado con Espert y La Libertad Avanza, y ha abierto el debate sobre la transparencia en el financiamiento de campañas electorales. La defensa de Machado está a cargo de Francisco Oneto, abogado con conexiones en la política nacional. Mientras tanto, Machado permanece detenido en una dependencia de la Policía Federal en Viedma, a la espera de su traslado y extradición definitiva.

La resolución del caso podría sentar precedentes en materia de cooperación judicial internacional y control sobre el financiamiento político, en un contexto de creciente preocupación por el crimen organizado y sus nexos con la política argentina.