La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York falló a favor de la República Argentina en el multimillonario litigio por la expropiación de YPF, revirtiendo una sentencia previa que obligaba al país a pagar 16.100 millones de dólares. El fallo, emitido por mayoría, consideró que la nacionalización de la petrolera en 2012 fue un acto soberano y no generó daños contractuales exigibles por los accionistas minoritarios, como reclamaban los fondos Burford Capital y Eton Park.

El caso se remonta a la decisión del gobierno de Cristina Fernández de expropiar el 51% de las acciones de YPF, entonces en manos de la española Repsol. La medida fue aprobada por el Congreso y posteriormente se acordó una compensación con Repsol, pero no con otros accionistas minoritarios, lo que dio origen a la demanda en tribunales estadounidenses. En 2023, la jueza Loretta Preska había condenado a Argentina a pagar una suma que, con intereses, ascendía a unos 18.000 millones de dólares, además de ordenar la entrega del 51% de las acciones estatales.

La reciente decisión de la Corte de Apelaciones revoca esa sentencia y deja sin efecto la orden de entrega de acciones. El tribunal argumentó que el estatuto de YPF no generaba obligaciones bilaterales exigibles por la vía contractual y que la expropiación debía analizarse bajo el derecho público argentino. El fallo también destacó la continuidad de la estrategia legal argentina a lo largo de cuatro gobiernos y el apoyo de organismos y gobiernos extranjeros a la posición nacional.

El impacto del fallo fue inmediato en los mercados: las acciones de YPF subieron casi un 7% y el valor de los títulos de Burford cayó cerca de un 40%. Tanto el gobierno actual como la oposición celebraron la decisión, adjudicándose parte del mérito por la estrategia legal. Cristina Fernández y Axel Kicillof resaltaron la importancia de la soberanía energética, mientras que sectores críticos recordaron los problemas de gestión y las consecuencias económicas de la expropiación.

El caso, que duró más de una década, es considerado un ejemplo de política de Estado y de la relevancia estratégica de YPF para la economía y la seguridad energética de Argentina. Aunque los demandantes pueden apelar, el fallo representa un alivio financiero y político para el país, fortaleciendo la posición de YPF como líder en el sector energético nacional y en el desarrollo de Vaca Muerta.