La Justicia Federal de General Roca aceptó el amparo colectivo presentado por el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, junto a intendentes y cámaras empresariales, en reclamo por el mal estado de la Ruta Nacional 151. El conflicto, que se arrastra desde hace meses, involucra la seguridad vial y el desarrollo económico de la región, afectando a miles de usuarios diarios y sectores productivos clave.

El amparo, presentado tras la falta de respuesta a reiterados pedidos de mantenimiento, fue acompañado por la Defensoría del Pueblo, intendentes de Catriel, Campo Grande, Contralmirante Cordero, Cinco Saltos y Cipolletti, y representantes empresariales. "El estado calamitoso de la Ruta Nacional 151 es un símbolo del abandono del gobierno nacional hacia el interior productivo del país", afirmó Weretilneck. El fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan, agregó: "Es un paso indispensable para dejar en evidencia la gravedad del abandono y exigir medidas urgentes que resguarden la seguridad de los rionegrinos".

La respuesta del Estado Nacional, presentada por el abogado Enrique Palmieri, objetó la legitimación de algunos actores y sostuvo que la responsabilidad recae exclusivamente en Vialidad Nacional, un ente descentralizado. Además, argumentó que la ejecución de obras depende de la disponibilidad presupuestaria y de la discrecionalidad técnica del Estado. "No puede exigirse a un único nivel del Estado soluciones inmediatas y absolutas", señaló Vialidad Nacional en su descargo, y detalló que el avance físico de las obras de conservación en el tramo Empalme RN 22-Colonia Catriel fue solo del 10% antes de ser suspendidas.

El juez Hugo Greca dispuso la realización de peritajes y reconocimientos judiciales sobre los tramos afectados, para evaluar científicamente la necesidad de obras de conservación. "El presunto alto estado de deterioro de la ruta nacional 151 no sería en absoluto hipotético o meramente especulativo", indicó el magistrado en su resolución. La causa continuará con la participación de peritos de ambas partes y la evaluación de las medidas requeridas.

El deterioro de la Ruta 151 impacta en la seguridad vial, la economía regional y servicios esenciales como salud y educación, además de obstaculizar actividades productivas y turísticas. El gobierno provincial insiste en la urgencia de las obras y en la necesidad de que la Justicia actúe con celeridad, mientras el Estado Nacional advierte sobre la complejidad técnica y presupuestaria de las intervenciones. El desenlace judicial será clave para definir el futuro de la infraestructura vial en la región y la protección de los derechos de sus habitantes.