Manuel Adorni, jefe de Gabinete, quedó en el centro de la polémica tras conocerse que incorporó con un año de atraso una casa en el country Indio Cua a su declaración jurada patrimonial. La propiedad, adquirida por su esposa Bettina Angeletti en noviembre de 2024, no fue consignada en el anexo reservado de la declaración presentada ante la Oficina Anticorrupción (OA) en agosto de 2025. La omisión fue subsanada recién este mes, luego de que la Justicia solicitara la documentación completa en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Según fuentes oficiales y documentos judiciales, la compra de la casa fue financiada mediante un préstamo de 100.000 dólares otorgado por dos particulares, con garantía hipotecaria sobre otro inmueble del matrimonio. La escribana Adriana Nechevenko, quien intervino en la operación, declaró ante la fiscalía que el préstamo fue gestionado a pedido de Adorni y que hasta el momento se devolvieron 30.000 dólares.

La Ley de Ética Pública exige a los funcionarios declarar no solo sus bienes, sino también los de su cónyuge, incluso si no son gananciales. El Código Penal establece sanciones para quienes omitan maliciosamente información en sus declaraciones juradas. En este caso, la corrección de Adorni se produjo solo después de la intervención judicial, lo que abre interrogantes sobre la intencionalidad de la omisión.

El patrimonio de Adorni y su esposa está bajo la lupa de la fiscalía y el juzgado de Ariel Lijo, que investigan si hubo un incremento patrimonial injustificado desde su ingreso a la función pública. Además de la casa en Indio Cua, se analizan la adquisición de un departamento en Caballito y una camioneta, en contraste con los ingresos declarados por ambos.

Adorni defendió su accionar en una conferencia de prensa, asegurando que "no tengo nada que esconder, mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno" y que "todo está declarado". Sin embargo, la presentación tardía del anexo reservado y la presión judicial han generado debate sobre la transparencia y el control interno en los niveles más altos del gobierno. Analistas y periodistas subrayan la importancia de la rendición de cuentas y advierten sobre el impacto político de estos episodios en la confianza pública.

El caso continúa bajo investigación y podría tener consecuencias administrativas y penales, dependiendo de si se prueba la intencionalidad en la omisión. Mientras tanto, el episodio reaviva el debate sobre la ética y la transparencia en la función pública argentina.