Un juicio por presunta usurpación de tierras en la Patagonia argentina derivó en una inesperada confesión que sacudió el escenario político y judicial de Río Negro. Hugo Alberto Barabucci, empresario y polista argentino radicado en Emiratos Árabes Unidos, admitió ante la Justicia haber adquirido cerca de 19.000 hectáreas en la zona de Cerro Carreras, Río Negro, gracias a una donación de dos millones de dólares proveniente del gobierno emiratí. La operación, realizada en 2017, se concretó a través de transferencias internacionales y sociedades vinculadas a capitales árabes, sin que el dinero pasara por bancos argentinos.

La compra, que incluyó tierras con bosques nativos, glaciares y nacientes de agua dulce, viola la Ley 26.737, que prohíbe la venta de tierras rurales en zonas de frontera a extranjeros, ya sea de forma directa o a través de intermediarios. El predio, además, se encuentra en un área natural protegida y es clave para la biodiversidad y el abastecimiento de agua de la región.

El caso salió a la luz durante un juicio en el que Barabucci denunció a Soledad Cayunao, integrante de la comunidad mapuche Lof Cayunao, por presunta usurpación. Sin embargo, el juez Marcelo Álvarez Melinger absolvió a Cayunao, al considerar que no hubo despojo ni violencia y que la instalación de un campamento mapuche respondía a una práctica ancestral de pastoreo. El magistrado también destacó la falta de claridad en los límites de la propiedad y la ausencia de pruebas contundentes contra la acusada.

La comunidad mapuche sostiene que su presencia en la zona busca proteger las nacientes del río Chubut y frenar el avance de alambrados y actividades que afectan el ambiente y sus prácticas tradicionales. Por su parte, los abogados defensores de Cayunao solicitaron que se investigue la legitimidad de la compra de tierras y posibles delitos asociados, mientras que sectores políticos y sociales cuestionan la permisividad estatal ante el avance de capitales extranjeros en territorios estratégicos.

El caso reavivó el debate sobre la soberanía territorial, los derechos de los pueblos originarios y la aplicación efectiva de las leyes que regulan la propiedad de la tierra en la Argentina. Se espera que las investigaciones continúen y que el tema siga generando repercusiones en el ámbito político y judicial.